REl Ministerio Público cuenta con un mes para presentar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, el empresario Eduardo Read Estrella y otros ocho imputados arrestados en diciembre del año pasado por un presunto fraude de casi 16,000 millones de pesos contra esa administradora de riesgos de salud estatal.
Al dictarse las medidas de coerción contra este primer grupo, el 14 de diciembre del 2025, el juez de Atención Permanente otorgó ocho meses al órgano acusador para hacer sus conclusiones investigativas. Posteriormente, los fiscales solicitaron una prórroga de cuatro meses adicionales, cuyo término vence a mediados de diciembre de este año.
No obstante, es usual que en expedientes por corrupción administrativa el Ministerio Público agote el tiempo reglamentario hasta ser intimado por el tribunal, que le concede un plazo extra de 15 días para depositar el requerimiento conclusivo.
Así ha ocurrido en otros casos relevantes de malversación, como los que involucran a los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez y al exprocurador general Jean Alain Rodríguez.
Plazos fatales
De no cumplirse la segunda prórroga, el juez procedería al archivo del expediente, con lo cual concluiría definitivamente el proceso penal contra el exfuncionario y los demás imputados.
A Santiago Hazim y a los también exfuncionarios del Senasa Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez se les imputa crear «programas especiales sin el debido sustento técnico ni financiero, los cuales fueron utilizados como un conducto para recibir sumas millonarias en sobornos«.
Según la solicitud de medida de coerción, los sobornos que se cobraron a empresas, sin estas «cumplir con las obligaciones contractuales», eran de hasta un 30 por ciento.
Asimismo, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (Pepca) los señala de someter a afiliados de la ARS a procedimientos altamente riesgosos que ponían en peligro su vida y sin necesitarlos.
Los presuntos empresarios beneficiados con las cuestionadas contratas, además de Eduardo Read Estrella, son Heidi Mariela Pineda Perdomo, Cinty Acosta Sención y Ramón Alan Speakler Mateo, también sometidos a la justicia
