Decenas de familias que aseguran son propietarias de los terrenos donde nacieron y ocupan en la parcela 5B del Cruce del Limón, de Samaná,  denunciaron una serie de supuestos abusos y amenazas de desalojos arbitrarios por policías, representantes del Ministerio Público y «sectores de poder».

En una manifestación en el Palacio de Justicia y en la Procuraduría General dijeron poseer sus títulos y sentencias de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior de Tierra que confirman que son dueños de los terrenos.

Los afectados, que superan las 300 personas, señalan presuntas confabulaciones de las autoridades de Samaná para despojarlos de sus tierras, que ocupan desde nacimiento y que heredaron de sus padres que vivieron todas sus vidas en la parcela 5B.

Entre los testimonios destaca el de Juvenal Pimentel, de 72 años, quien recordó que sus antepasados —incluyendo a su abuela, instalada en el lugar desde los 17 años— han vivido en el terreno por generaciones.

«Aquí hemos vivido siempre; mi mamá murió a los 92 años y mi abuelo a los 106. Ahora se aparecen diciendo que son los dueños y nos quieren sacar a punta de pistola«, expresó con indignación.

También se manifestaron Rosa Demorizi Morel, Ladisla Morel, Gloria Matos y Andrea Morel de Calcaño, quienes dijeron estar cansadas de los atropellos de patrullas policiales que van a amenazarlos sin contar con resoluciones de los tribunales.

El abogado Pedro Julio de la Cruz afirmó que incluso se utilizan bandas para maltratar a los sucesores de las tierras. También denunciaron que han detenido a algunos propietarios y se les formulan expedientes.

De la Cruz y Gloria Matos afirmaron contar con sentencias firmes que avalan los derechos legítimos de los denunciantes, como herederos y descendientes de Ramona y Vinicio Calcaño.

Situación jurídica actual

Aunque el proceso judicial cuenta con fallos a su favor, De la Cruz explicó que los interesados en las tierras han interpuesto nuevos recursos ante la Suprema Corte de Justicia. No obstante, los afectados denuncian que estos sectores actúan al margen de la ley, desestimando los efectos jurídicos de las sentencias existentes y utilizando la fuerza pública para impedirles el libre tránsito y el trabajo de sus tierras.

Las familias hicieron un llamado urgente al Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General de la República y a la Suprema Corte de Justicia para que intervengan, frenen los abusos de poder en la provincia de Samaná y garanticen el respeto a sus derechos adquiridos.