El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, cuestionó este viernes las muertes de presuntos delincuentes en supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional.

Ulloa se refirió a los casos registrados durante este mes, al preguntarle si este mecanismo constituye una respuesta adecuada para controlar la delincuencia.

El defensor del Pueblo rechazó que una persona pueda ser privada de la vida como sustituto de una condena judicial.

Indicó que siempre llamará a preservar el Estado de derecho, mediante un proceso en el que la Policía investigue, el Ministerio Público presente las acusaciones y los jueces conozcan los casos y dicten las sentencias correspondientes.

Agregó que la uniformada debe actuar como auxiliar del órgano acusador y que el combate contra la delincuencia debe estar sustentado en investigaciones que permitan construir expedientes sólidos para que los tribunales determinen las responsabilidades penales.

«Tenemos que entender que la Policía no es solamente matar y tirar», afirmó Ulloa, al señalar que el uso efectivo de la fuerza debe estar acompañado de inteligencia estatal para identificar y desarticular las estructuras criminales.

Además, recordó que el artículo 37 de la Constitución dominicana protege el derecho a la vida.

Advierte sobre control de las cárceles

Ulloa también advirtió que estructuras del crimen organizado han logrado operar desde algunos centros penitenciarios del país.

«El viejo modelo corrompió y absorbió el nuevo modelo», afirmó.

Llamó a la actual administración penitenciaria a incorporar nuevos métodos de gestión.

Entre las medidas que considera necesarias citó la contratación de personal eficiente, el uso de tecnología y una adecuada clasificación de los privados de libertad según el tipo de delito cometido.

También cuestionó el elevado número de personas en prisión preventiva.

Consideró necesario utilizar otras medidas de coerción cuando las circunstancias del caso lo permitan.

Según Ulloa, las cárceles dominicanas tienen capacidad para unas 16 mil personas, pero actualmente albergan alrededor de 25 mil privados de libertad, situación que, a su juicio, contribuye al hacinamiento y facilita la operación de organizaciones criminales.

El funcionario mencionó situaciones que, según dijo, se han presentado en centros penitenciarios de La Vega y Santiago, donde estructuras vinculadas al narcotráfico, sicariato y otros delitos han tenido capacidad de operar.

Recibe amenazas desde cárceles

Asimismo, señaló que en las últimas dos semanas ha recibido en cinco ocasiones mensajes que, según interpreta, representan intentos de vulnerar su integridad desde centros carcelarios, situación que atribuyó a la facilidad con la que algunas personas privadas de libertad mantienen acceso a medios de comunicación.

Lleva el Código Penal a la ciudadanía

Las declaraciones de Ulloa fueron ofrecidas en Santiago durante la jornada «Código Penal para la Ciudadanía», una iniciativa del defensor del Pueblo que busca explicar a la población, mediante un lenguaje sencillo, el contenido y las implicaciones de la legislación penal.

La institución desarrolla esta iniciativa los lunes y viernes en distintas provincias del país.

En las jornadas participan representantes del sistema de justicia, juntas de vecinos, alcaldías y otras instituciones públicas y comunitarias.