El Ministerio Público desplegó desde la madrugada de este viernes 18 de septiembre una nueva fase de la investigación sobre el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), con allanamientos simultáneos en centros médicos y otros establecimientos de diferentes puntos del país.

10:58 p.m.. —Trasladan a 20 detenidos al Palacio de Justicia

A las 10:58 de la noche de este viernes, llevaron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a 20 de las personas detenidas este viernes durante el operativo Cobra 2.0-A, por su presunta vinculación con la supuesta estafa en el caso Senasa 2.0.

En total, ocho mujeres y 12 hombres fueron trasladados desde la Procuraduría General de la República a bordo de un autobús y acompañados de dos minibuses de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc).

7:15 p. m. —Abogado denuncia no ha podido ver a su representado

Tras más de 14 horas de los allanamientos simultáneos y la detención de al menos 28 personas presuntamente vinculadas al caso Senasa 2.0, el  abogado Alfonso Ramos denunció que no ha podido asistir a su representado, quien ha sido interrogado por Procuraduría en «franca violación de sus derechos».

Ramos identificó a su representado como el Dr. Díaz Encarnación, ortopedista, quien fue allanado esta madrugada y apresado junto a otras 27 personas implicadas en el caso Senasa 2.0, de acuerdo al Ministerio Público. 

Según explicó el abogado, el Código Procesal Penal dice que desde el primer momento en que una persona es citada por el Estado tiene el derecho de consultarse con su abogado.

«Es una franca violación a un derecho que él tiene de ser asistido por un abogado de su elección», externó.

«Ha sido imposible tener contacto con él. Sin embargo lo han tenido el día entero bajo interrogatorio«, expresó.

6:59 p. m. — Pronunciamiento de Pedro Botello

El exdiputado Pedro Botello apareció nuevamente en público. Esta vez como abogado de una de las personas detenidas en el caso Senasa 2.0, de quien expresó que fue «traída por las greñas» a la Procuraduría General de la República.

Su clienta, a la que no identificó, es una profesional de la salud. Botello se quejó de que fue allanada y de que nunca fue citada a un interrogatorio.

«Ha sido traída a este proceso por las greñas, como chivo expiatorio, como parte de lo que es un circo, ¿verdad?, mediático», indicó Botello.

4:05 p. m. —El Colegio Médico reacciona a los arrestos

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Alberto Peña Núñez , aseguró este viernes que el gremio dará seguimiento al proceso judicial denominado Caso Senasa 2.0, pero dejó claro que corresponde exclusivamente al Ministerio Público y al Poder Judicial investigar los hechos y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse. 

  • Durante una rueda de prensa, Peña Núñez presentó la posición institucional del CMD frente al proceso, en el que se ha informado de la participación de profesionales de la medicina entre los imputados. 

«El Colegio Médico Dominicano respeta de manera irrestricta la independencia de la justicia y no respalda, promueve ni ampara ninguna violación a las leyes», establece el documento leído por el presidente del gremio. 

3:41 p.m. La orden de allanamiento del caso Senasa 2.0

La investigación por el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha pasado de una pesquisa sobre irregularidades en autorizaciones médicas a un expediente que, según el Ministerio Público, involucra exempleados de la aseguradora, médicos, prestadores de servicios de salud y particulares.

Este viernes, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A, con 37 allanamientos y al menos 28 personas arrestadas. La documentación judicial revela además detalles sobre el mecanismo que, de acuerdo con los investigadores, habría permitido cobrar millones de pesos por consultas y procedimientos que nunca fueron realizados.

¿Cómo comenzó la investigación?

El punto de partida documentado fue una denuncia presentada por Senasa el 28 de noviembre de 2024. La institución informó al Ministerio Público que había detectado solicitudes de autorizaciones de procedimientos médicos y consultas que posteriormente eran desconocidas por los afiliados a cuyos nombres aparecían registradas.

Más de 4,300 autorizaciones bajo investigación

La investigación identificó 4,363 autorizaciones correspondientes a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas gestionadas entre enero de 2021 y febrero de 2025.

El monto asociado a esas autorizaciones ascendía a RD$41.1 millones, según la orden judicial utilizada para autorizar los allanamientos.

Datos de afiliados utilizados sin su consentimiento

El Ministerio Público sostiene que miembros de la estructura utilizaban información real de afiliados para solicitar autorizaciones médicas.

Según el expediente, algunas personas vinculadas al caso llamaban al centro de atención de Senasa utilizando los datos de asegurados que no habían solicitado los procedimientos ni recibido los servicios.

Buscaban afiliados que usaban poco el seguro

La investigación plantea que no todos los afiliados eran escogidos al azar.

Según el Ministerio Público, la estructura seleccionaba personas con «un bajo historial de interacción institucional», con lo que buscaba disminuir las posibilidades de que detectaran reclamaciones médicas realizadas a sus nombres.

Firmas y documentos presuntamente falsificados

El expediente sostiene que se preparaban formularios con nombres, diagnósticos y procedimientos correspondientes a afiliados que no habían solicitado los servicios.

Los investigadores aseguran que también se falsificaban firmas y que algunos documentos eran posteriormente firmados y sellados por médicos para dar apariencia de legalidad a las reclamaciones.

Afiliados dijeron que nunca fueron atendidos

El Ministerio Público entrevistó a personas cuyos nombres aparecían en las reclamaciones.

De acuerdo con el expediente, los afiliados señalaron que «no solicitaron, no firmaron, ni recibieron» los servicios registrados a sus nombres.

Algunos dijeron que ni siquiera conocían a los médicos o centros de salud donde supuestamente habían recibido atención. Otros se encontraban trabajando, fuera de la ciudad o incluso fuera del país cuando aparecen registrados los procedimientos.