Las fronteras han dejado de ser para muchos países simples puntos de control migratorio. El avance del crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas y personas y otras amenazas a la seguridad nacional lleva a gobiernos de América Latina y Europa a cerrar pasos, levantar barreras físicas, desplegar militares e incorporar drones, cámaras y sistemas biométricos.

República Dominicana figura entre los países latinoamericanos que han profundizado esa estrategia, condicionada por la prolongada crisis de Haití. Pero no está sola. Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Finlandia, Polonia, Letonia, Lituania y Estonia han endurecido sus fronteras bajo circunstancias y modalidades diferentes.

No todos han dispuesto cierres totales a extranjeros. Algunos clausuraron determinados pasos, restringieron el ingreso irregular o reforzaron las condiciones de entrada. El elemento común es que la frontera adquiere una dimensión creciente de seguridad nacional.

La experiencia dominicana

República Dominicana comparte con Haití una frontera terrestre de unos 390 kilómetros y tiene al otro lado un Estado afectado por una profunda crisis institucional y de seguridad, con amplios territorios bajo influencia de grupos armados.

El Gobierno de Luis Abinader ha respondido con una estrategia que combina presencia militar, controles migratorios y la construcción de una verja perimetral inteligente iniciada en 2021.

La infraestructura incluye vigilancia electrónica, puestos militares y mecanismos biométricos. Las autoridades sostienen que ha reducido el tránsito irregular y delitos como contrabando, narcotráfico y robo de ganado.

En enero de 2026, el Ministerio de Defensa informó que en las áreas intervenidas las actividades ilícitas habían disminuido aproximadamente un 85 %.

El control se extiende al interior del territorio y a los puntos de entrada. Entre enero y agosto de 2026, República Dominicana deportó 265,412 extranjeros en condición irregular, prácticamente todos hacia Haití. En julio, además, Migración negó la entrada por puertos y aeropuertos a 116 extranjeros, incluidos 28 considerados riesgos para la seguridad nacional.

Perú refuerza controles

Perú también ha colocado la relación entre migración y seguridad entre sus prioridades.

Las autoridades reforzaron la presencia policial y militar, aumentaron los patrullajes e instalaron cámaras en zonas fronterizas. A comienzos de 2026, la Cancillería advirtió que no permitiría el ingreso de migrantes irregulares y señaló que coordinaba acciones con Chile.

En mayo entró en funcionamiento un nuevo puesto de verificación migratoria en Cancas, a casi 100 kilómetros de la frontera con Ecuador, destinado a ampliar la fiscalización de extranjeros.

Más de 2,800 personas habían sido expulsadas del país durante los primeros meses del año.

La dimensión regional quedó evidenciada el 8 de septiembre, cuando Perú reunió a responsables migratorios de Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador para intercambiar experiencias sobre expulsiones, fiscalización e intercambio de información.

Chile mira hacia Dajabón

El caso chileno establece la conexión más directa con República Dominicana.

Antes de asumir la Presidencia, José Antonio Kast viajó en enero de 2026 al país y recorrió junto a Abinader la frontera de Dajabón. Allí examinó la verja, los sistemas electrónicos, el control biométrico y el dispositivo de seguridad.

«Aquí han sido exitosos en el control fronterizo y nosotros queremos lograr lo mismo», declaró Kast, quien manifestó su intención de aprovechar experiencias dominicanas que pudieran adaptarse a la realidad chilena.

Tras asumir el poder presentó el Plan Escudo Fronterizo, que contempla zanjas, muros, rejas de hasta cinco metros, alambradas, drones, sensores y mayor presencia militar en los límites con Perú y Bolivia.

Para julio, Chile contabilizaba 1,174 extranjeros que habían abandonado el territorio mediante expulsiones durante 2026.

La visita de Kast convirtió a República Dominicana en referencia directa para un gobernante latinoamericano que posteriormente puso en marcha su propia estrategia de endurecimiento fronterizo.

Ecuador y Panamá

Ecuador ha utilizado el cierre de determinados pasos como instrumento de seguridad en medio de su lucha contra organizaciones criminales.

El Gobierno de Daniel Noboa restringió cruces con Perú y Colombia y concentró el movimiento de personas y mercancías en puntos específicos. Uno de los pasos entre Loja y Perú permaneció cerrado unos seis meses antes de su reapertura en julio. Las autoridades relacionaron la medida con la necesidad de contener el tráfico de armas y fortalecer el control estatal.

Panamá presenta una situación diferente. Desde 2024 comenzó a cerrar rutas utilizadas por migrantes en el Darién y desarrolló, con apoyo estadounidense, un programa de repatriaciones y deportaciones.

La Organización Internacional para las Migraciones reportó que los movimientos irregulares por el Darién durante el primer semestre de 2026 disminuyeron 97 % respecto al mismo período de 2024.

Europa blinda sus límites

En Europa, Finlandia mantiene cerrados hasta nuevo aviso los pasos terrestres con Rusia. Helsinki argumenta que enfrenta el riesgo de una «migración instrumentalizada» y considera la situación una amenaza para la seguridad nacional y el orden público.

Polonia, por su parte, restringe desde marzo de 2025 la posibilidad de presentar solicitudes de protección internacional en su frontera con Bielorrusia y mantiene barreras físicas y electrónicas. Entre enero y mayo de 2026 registró 215 intentos de cruce irregular, un 98 % menos que durante igual período del año anterior.

Letonia también ha reforzado su frontera con Bielorrusia. Para mediados de julio había impedido más de 8,000 intentos de entrada irregular durante 2026.