El calendario oficial de Haití prevé para el 13 de diciembre de 2026 la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, mientras que la segunda vuelta sería el 21 de febrero de 2027.

Sin embargo, lo que muestra el día a día de esa nación, incluso más allá de la violencia que azota gran parte de su territorio, hace que parezca más probable que nieve en Boca Chica en pleno mes de septiembre.

La situación sigue siendo preocupante en varias regiones del país. Las principales carreteras nacionales permanecen controladas por las pandillas, que establecen puestos de peaje para obtener dinero y algunas zonas de la región metropolitana de Puerto Príncipe también siguen bajo su dominio.

En estas condiciones, la libre circulación de la población, y de los candidatos durante una campaña electoral, se convierte en uno de los obstáculos más desafiantes para la celebración de los comicios.

Las cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reflejan la gravedad del escenario.

Entre abril y junio se registraron más de 1,400 muertos y 796 víctimas de violaciones relacionadas con pandillas. La presión ejercida por las operaciones de seguridad desplazó a grupos armados hacia zonas rurales, donde también se registraron víctimas civiles por ataques con drones explosivos.

No queda dónde escapar

Los tres departamentos con mayor cantidad de electores (Oeste, Artibonite y Centro) se encuentran bajo control de grupos armados. Esto supone una dificultad adicional para la organización del proceso electoral, debido a que las oficinas electorales departamentales (BED), equivalentes a las juntas electorales municipales en República Dominicana, se ubican en esos lugares.

Un comunicado emitido el 12 de septiembre por el Consejo Electoral Provisional (CEP) establece que, para varias circunscripciones electorales de Puerto Príncipe y localidades como Carrefour, Gressier, Kenscoff, Cabaret, Cornillon/Grand-Bois, Croix-des-Bouquets, Fonds-Verrettes, Ganthier y Thomazeau, los documentos serán recibidos, bajo reserva, en el BED Ouest I.

Para las candidaturas a la Cámara de Diputados y a las colectividades territoriales de Grande-Saline, La Chapelle, Liancourt, Marchand-Dessalines, Montrouis y Petite-Rivière, entre otras localidades de Artibonite, así como para Mirebalais y Saut-d’Eau, los trámites deberán realizarse en el BED del Centro.

A esto se suma el desplazamiento interno. Organizaciones internacionales señalan que en mayo, cerca de 1.47 millones de personas estaban desplazadas dentro de Haití, más de la mitad de ellas niños.

La ONU también denunció que en la Llanura del Cul-de-Sac y en Ciudad Soleil, en la capital, pandillas rivales protagonizaron enfrentamientos por el control territorial y de ingresos ilícitos.

«Los combates dejaron 463 muertos, mientras cientos de personas resultaron heridas o violadas. Más de 18,000 residentes huyeron de sus hogares y los servicios de salud y educación fueron suspendidos».

Incertidumbre institucional

El CEP se encuentra en una fase avanzada del proceso. Ya se iniciaron etapas como la acreditación de los partidos políticos, la inscripción de electores y la preparación de los miembros de los centros de votación.

Pero persisten cuestionamientos al marco electoral. Varias entidades reclaman modificaciones y cuestionan, entre otros aspectos, el requisito de contar con al menos 30 miembros para registrar una organización política.

«El consejo electoral, recientemente renovado, también se mostró favorable a ciertos ajustes del decreto electoral. Tales cambios no serían irrelevantes para el calendario establecido. A esta incertidumbre institucional se suma la cuestión de la seguridad«, explica Yves Manuel, periodista y director de información de Scoop FM.

La incertidumbre aumentó con el cambio en la dirección del CEP. Peterson Pierre-Louis sustituyó a Jacques Desrosiers como presidente del organismo, a poco más de tres meses de la primera vuelta. El cambio lo acordaron los propios consejeros electorales, el ocho  de septiembre. 

Advertencia de la OEA

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, advirtió que existe «cierto grado de connivencia» entre políticos y bandas armadas en Haití y que esos vínculos pueden poner en riesgo la credibilidad de las próximas elecciones.

Milo Milfort, fundador de Enquet’Action, señala otro elemento de preocupación: la posible participación de personas sancionadas por miembros de la comunidad internacional o por la ONU.

«Habrá personas o personalidades sancionadas por sus presuntos vínculos con grupos armados que serán candidatos», afirma. Considera que corresponde al CEP contar con el marco legal necesario para impedir esa situación.

Milfort también plantea la posibilidad de que algunos candidatos sean respaldados por grupos armados. Según explica, para hacer campaña en determinadas zonas controladas por pandillas, los aspirantes necesitarían su autorización.

«En Haití no es la popularidad la que determina las elecciones. Eso pertenece al pasado. Ahora hay dos cosas principales que permiten ganar: el dinero y tener grupos armados bajo control. Son el dinero y las armas los que dan el poder en Haití», sostiene.