El caso por presunta corrupción administrativa contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez (2016-2020) pone a prueba a la justicia dominicana.  Este lunes, el Segundo Tribunal Colegiado dará a conocer su decisión de si acoge la solicitud del exfuncionario de declarar la extinción de la acción penal a su favor.

Rodríguez Sánchez sostiene que, al tener más de cinco años conociéndose el caso en los diferentes tribunales, el expediente ha superado el plazo máximo de cuatro años establecido por el Código Procesal Penal sin que se haya dictado una sentencia en primera instancia.

A la presunta red vinculada al exprocurador se le acusa de defraudar al Estado con más de 6 mil millones de pesos mediante procesos de compras irregulares, extorsión y el uso de recursos públicos para fines personales y políticos.

En un inicio, el Ministerio Público acusó a más de 60 personas físicas y empresas, de los que casi treinta admitieron su responsabilidad penal y fueron condenados en procesos abreviados en la etapa preliminar.

Actualmente, el exprocurador y otros 14 exfuncionarios de la Procuraduría y allegados a Rodríguez Sánchez enfrentan el juicio de fondo.  Como contraste, esa fase en el proceso contra los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, que se le llevó a 21 acusados, la sentencia se dictó tres meses antes de que el caso cumpliera los cinco años en los tribunales.

Por su parte, el expediente que encabeza el mayor general Adán Cáceres, con casi treinta imputados, recibió veredicto cinco años y un mes después de ser sometido a la justicia.

El Ministerio Público solicitó al Segundo Tribunal Colegiado rechazar la solicitud de extinción de la acción penal y mantener su propio criterio cuando denegó la misma petición en el caso de los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a Cáceres y compartes.

Seis meses leyéndose expediente

La persecución penal contra Jean Alain Rodríguez Sánchez ha estado plagada de incidentes que ha incluido recusaciones de dos tribunales, uno de ellos apartado del proceso, y de quejas de las juezas que conocen el juicio de fondo por las reiteraciones de peticiones por parte de las diferentes defensas que han hecho esa fase «interminable».

El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien conoció el juicio preliminar del caso, rechazó la solicitud del Ministerio Público de dar lectura parcial al voluminoso expediente de 12,274 páginas de la acusación y ordenó que se leyera en su totalidad.

La lectura de los fiscales a la acusación se realizó durante casi seis meses, aunque de manera casi ininteligible y en extensas audiencias donde abogados, periodistas y acusados, en más de una ocasión, se quedaban dormidos durante las vistas.

Al juez Amauri rechazar la petición del Ministerio Público de que se leyera de manera abreviada la acusación, la entonces directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice afirmó en la audiencia, celebrada en septiembre del 2023 del caso,  que «cuando se quiera deducir de este proceso, una duración máxima y una extinción no será atribuible al órgano acusador».

Días antes de esas declaraciones de Reynoso, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional había declarado extinguida la acción penal a los exfuncionarios acusados de soborno en el caso de los aviones Super Tucano, pero una la corte revocó esa decisión meses después y el expediente del delito de cohecho para adquirir ocho aviones para combatir el narcotráfico todavía continúa en los tribunales diez años después de someterse a la justicia.

Recusación de dos tribunales

El juez del Juzgado de Instrucción, Amauri Martínez, fue recusado en dos ocasiones por algunas defensas, que incluso impugnaron a todas las salas de la corte de Apelación que lo ratificó en el caso. El magistrado fue también quien atribuyó al Estado y su formato digital para presentar las pruebas contra los imputados la responsabilidad de las dilaciones en los primeros 18 meses de la causa.

Una de las dos recusaciones contra Martínez se extendió por más de un mes y obligó a recesar el caso durante ese periodo.

Con casi 100 audiencias aplazadas, según recuentos de un informe de Participación Ciudadana, el juez Amauri finalmente dictó apertura a juicio de fondo contra Rodríguez Sánchez y los otros 14 acusados el 28 de junio del 2024.

El 7 de agosto del 2024, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ya estaba apoderado del caso y una semana después convocó a la primera audiencia para el 23 de septiembre de ese mismo año.

Sin embargo, a pesar de que fueron citados un mes antes, dos acusados se presentaron sin abogados y otro estaba fuera del país.

La tercera audiencia fallida del juicio de fondo, el 5 de noviembre de 2024, se aplazó para el 8 de enero por un «error» en la convocatoria que provocó la inasistencia de las defensas y de algunos encartados.