El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, consideró que el nuevo Código Penal debe ser promulgado como resultado del proceso democrático que ha agotado en el Congreso Nacional y planteó que las posibles modificaciones se realicen una vez la normativa entre en vigor.

Durante un conversatorio organizado por el Defensor del Pueblo y la Universidad APEC (Unapec), Ulloa sostuvo que el país atraviesa un momento que requiere «serenidad, sentido histórico y responsabilidad de Estado», al tiempo que llamó a respetar las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.

Consideró oportuna la promulgación del nuevo Código Penal como la culminación de un largo proceso democrático y el inicio de una nueva etapa orientada a su implementación, observación y mejora continua.

El funcionario sostuvo que ninguna legislación está exenta de aspectos susceptibles de ser corregido. No obstante, consideró que una democracia sólida no debe paralizarse ante esa realidad, sino poner en funcionamiento sus instituciones y fortalecerlas mediante la evaluación permanente y la construcción de consensos.

Propuestas al Congreso

Enfatizó que «promulgar el Código Penal no significa cerrar el debate, sino trasladarlo responsablemente al terreno de la aplicación práctica, la evaluación y el perfeccionamiento institucional«

De acuerdo con una nota de prensa, entre las propuestas presentadas durante el conversatorio, la institución planteó al Congreso Nacional la creación de una comisión bicameral especial para evaluar la implementación del Código Penal. Explicó que este órgano deberá estar integrado y acompañado por especialistas en derecho penal, derecho procesal penal, derecho constitucional, técnica legislativa y representantes de las principales instituciones del sistema de justicia dominicano.

«Transcurridos los primeros 90 días de aplicación, esta comisión podría presentar al país un informe técnico sustentado en la experiencia y, de ser necesario, un proyecto de ley que permita perfeccionar tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal», prosiguió.

Ulloa añadió que «corregir una ley a partir de la evidencia no debilita al legislador, sino que fortalece la democracia«.

Finalmente, reiteró que ese proceso de revisión contribuiría a la construcción de un sistema de justicia más eficiente, garantista y acorde con las necesidades de la sociedad dominicana.

Referente acádemico

Por su parte, el rector de Unapec, Erik Pérez Vega, al ofrecer las palabras de bienvenida, destacó que para la academia constituye un privilegio abrir un espacio de análisis sobre uno de los temas de mayor trascendencia para la justicia dominicana: la implementación del nuevo Código Penal.

Indicó que este panel, organizado por la Facultad de Humanidades y Derecho en coordinación con el Defensor del Pueblo, reafirma el compromiso de la universidad con la discusión de los principales desafíos nacionales y con la formación de profesionales capaces de aportar soluciones al país.

Pérez Vega subrayó que el encuentro reunió a reconocidos juristas para examinar las principales transformaciones que introduce la nueva legislación, entre ellas el aumento de las penas, la incorporación de nuevos tipos penales, la responsabilidad de las personas jurídicas y el fortalecimiento de las sanciones contra la corrupción y otros delitos.

«Estos espacios permiten a estudiantes, docentes, profesionales del Derecho y a la ciudadanía acceder a análisis de alto nivel sobre una reforma que tendrá un impacto significativo en el sistema judicial dominicano», afirmó.

Asimismo, el rector enfatizó que, en esta nueva etapa institucional, Unapec apuesta por consolidarse como un referente académico en los debates de mayor relevancia para la República Dominicana y la región del Caribe. Añadió que la universidad continuará promoviendo escenarios de reflexión crítica que contribuyan al fortalecimiento del Estado de derecho, el pensamiento jurídico y el desarrollo de una sociedad más justa, democrática y comprometida con el bienestar colectivo.

En el panel participaron, además, el abogado litigante Miguel Valerio; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); la magistrada Giselle Méndez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional; así como Harold Modesto, profesor de Derecho Penal de Unapec, y Ricardo Rojas León, jurista y catedrático de esa disciplina.

El encuentro fue moderado por Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades y Derecho de Unapec y coordinador del Código Penal Comentado, publicación de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).