Era miércoles 15 de julio. El señor Miguel Antonio Valenzuela, de 44 años, murió en el Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina, de la provincia San Cristóbal. Habían pasado solo dos días desde que fue liberado del destacamento policial conocido como «La 17», debido a que estaba presentando complicaciones de salud.

Había permanecido detenido desde el 8 de julio por presunta posesión de un verifón utilizado para la venta de números de lotería.

El 19 de julio se revelaron los resultados de la autopsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinaron que «Miguelito», como era conocido por sus familiares y amigos, falleció a causa de una leptospirosis que le provocó trombocitopenia, una condición caracterizada por niveles anormalmente bajos de plaquetas en la sangre.

Sin embargo, los familiares rechazan esa explicación y exigen una «investigación exhaustiva e independiente» que determine las «causas reales» del fallecimiento de su pariente. Ellos aseguran que, antes de morir, Valenzuela les relató que había sido golpeado y torturado durante el tiempo que permaneció bajo custodia policial.

Miguel Maldonado Lucas, padre del fallecido, declaró que su hijo le confesó que un agente policial lo golpeaba presuntamente con una media llena de arena.

Esta discrepancia obliga a las autoridades a investigar a profundidad para poder decantarse por una de las dos versiones, pero también deja una serie de interrogantes que aún no tienen respuesta.

¿Miguel Antonio Valenzuela murió por enfermedad o por tortura y violencia policial? ¿Las condiciones de salubridad del destacamento provocaron ese fallecimiento? ¿Corre peligro la vida de los demás detenidos en ese destacamento? ¿Fue ejecutado Valenzuela por agentes policiales?

Orden de los acontecimientos

Antes de su traslado al destacamento, al hoy occiso se le realizó una evaluación médica como parte del protocolo previo al desplazamiento de personas detenidas a una dotación policial.

Según informó su abogado y familiar, Carlos Rodríguez, el certificado médico de dicha evaluación establece que el detenido no presentaba lesiones por agresión al momento de ser examinado.

Sin embargo, el 10 de julio los familiares del arrestado acudieron a visitarlo al destacamento, pero los agentes policiales no les permitieron el acceso, según contó Epifanio Lucas Maldonado, tío paterno de la víctima.

Este afirmó que hubo días en los cuales su sobrino tenía fiebre y solicitaba que llamaran a su hermana, pero que los policías nunca informaron a la familia sobre esa situación.

Luego, el 13 de julio, Valenzuela fue trasladado al Palacio de Justicia de San Cristóbal, donde fue puesto en libertad.

Al salir del tribunal, la víctima manifestó que se sentía sin fuerzas, por lo que sus familiares lo trasladaron al Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina. Allí presentó dificultad para respirar, erupciones generalizadas, puntos rojos en la piel y hemorragia conjuntival.

Según se reveló, la liberación se logró gracias a una abogada de San Cristóbal, identificada únicamente como «Nelly«, quien, al observar el estado de salud de Valenzuela, pidió que lo dejaran en libertad.

Su hijo mayor, Danny Miguel Valenzuela, de 21 años, fue quien lo vio con vida por última vez.

Cuenta que su padre pasó sus últimos momentos con fiebre, moretones en el cuerpo, los labios agrietados y vomitando sangre.