La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago se reservó para el próximo viernes, a las 2:00 de la tarde, la decisión sobre la medida de coerción contra los implicados en la Operación XL526, acusados de integrar una presunta red dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a dominicanos residentes en Estados Unidos.

El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva contra los 10 acusados.

  • Tras concluir la audiencia, los abogados defensores cuestionaron la acusación.

Aseguraron que las evidencias presentadas por el Ministerio Público son insuficientes para justificar medidas privativas de libertad.

El abogado Elvin Domínguez, representante legal de varios de los imputados, afirmó que las pruebas presentadas son «certificantes, pero no vinculantes», al considerar que no existen testigos directos ni víctimas identificadas que relacionen de manera específica a sus defendidos con los hechos imputados.

«Una prueba vinculante es una víctima que diga quién la estafó, desde qué número la llamaron y que pueda demostrar la transferencia realizada. Aquí no hay nada de eso», sostuvo el abogado.

Además, calificó de improcedente la imputación por lavado de activos y uso de armas de fuego.

De su lado, el abogado José Reynoso, defensor de otros encartados, aseguró que la acusación presenta debilidades debido a que, según alegó, las supuestas víctimas no están debidamente identificadas.

«Entendemos que con la flojera de la acusación planteada por el Ministerio Público y con dos víctimas que no están identificadas, no se puede sostener el caso como se ha presentado», expresó.