Cada mañana el olor a pan caliente que sale desde la cárcel de Salcedo despierta el pueblo. Atraídos, los vecinos y comerciantes llegan hasta el recinto por la frescura del producto elaborado por los privados de libertad, quienes, entre hornos encendidos, madera cortada y chispas de soldadura, buscan convertir el encierro en una segunda oportunidad.

Dentro de la Fortaleza Militar Juana Núñez, la rutina empieza antes del amanecer, donde algunos internos se dirigen al taller de panadería, y otros se distribuyen en el día entre ebanistería, herrería, agricultura, granja avícola, peluquería y huertos.

En estos espacios del recinto, el tiempo deja de medirse únicamente en años de condena y comienza a traducirse en aprendizaje, y disciplina para preparar una vida fuera de prisión.

El centro, diseñado para albergar apenas 60 privados de libertad, mantiene una población de 196 internos, entre ellos 15 mujeres, operando con una sobreocupación superior al 226 %. No obstante, en medio del hacinamiento, 33 reclusos de entre 25 y 60 años han encontrado en el trabajo penitenciario una forma de reconstruir hábitos, adquirir oficios y mantenerse activos.

Diecisiete años de levadura

«El taller ha sido mi refugio. Yo misma me sorprendí de lo que era capaz; he aprendido repostería, panadería y a valorar el trabajo diario», confiesa María Magdalena, quien ingresó al penal a los 46 años y hoy, con 17 años recluida es la encargada de panadería, donde lidera la producción de más de 35 fundas diarias, equivalentes a 210 semanales. Cada pan lo venden a cinco pesos y la funda a 60 pesos.

Por su trabajo recibe un ingreso de 4,000 pesos mensuales que administra con rigurosidad. Le faltan tres años para cumplir su condena, pero su mente ya cruzó los muros.

El pan, para ella, fue el ingrediente que le devolvió la dignidad antes de que llegue el dictamen de esa libertad física con la que sueña fundar un negocio familiar junto a sus compañeros.

El abogado de la caoba

A varios metros del taller de panadería, el sonido de sierras y lijadoras marca la jornada en el área de ebanistería.

José Miguel, de 42 años, pasó la última década recluido en Salcedo. Llegó sin conocimientos sobre madera y hoy dirige uno de los talleres más activos del recinto, donde fabrican camas, puertas, gaveteros y juegos de comedor encargados por clientes externos.

Sin embargo, la obra más perfecta de José Miguel no es un mueble. Con el dinero que genera lijando y ensamblando piezas, se costea la carrera de Derecho en la universidad. Su transformación conductual hizo que el Poder Judicial le otorgue un permiso de libertad sin custodia para estudiar y trabajar.

Cuando salga, piensa seguir laborando en su taller, «pero también voy a ejercer en los tribunales como abogado», afirma al hablar con entusiasmo en sus planes a futuro.

Una pequeña economía dentro de la cárcel

Más allá de servir como entretenimiento, los talleres han creado una dinámica económica poco común dentro de un centro penitenciario tradicional.

Los 33 participantes están distribuidos en distintas áreas, entre ellas: cuatro en panadería, tres en granja avícola, tres en herrería, tres en peluquería, siete en huertos, cinco en ebanistería, uno en zapatería y siete en labores agrícolas en una finca. Además de 68 en formación académica.

Los internos elaboran productos, reciben encargos, cotizan materiales y mantienen contacto directo con clientes del municipio que buscan pan, muebles, trabajos de soldadura o productos agrícolas, e incluso llegando a ser los capataces y encargados. Este modelo busca que la reinserción social no sea una utopía jurídica de escritorio ni un frío párrafo constitucional.

El dinero generado por los trabajos se divide bajo un esquema donde el 50 % se deposita en una cuenta de ahorro para el momento en que recuperen la libertad; el 40 % queda disponible para gastos personales, compra de materiales o ayuda familiar; y el 10 % restante se entrega al centro penitenciario.

Aprender para enseñar

Ante la falta de instructores permanentes, los internos más antiguos se convierten en facilitadores de los nuevos ingresos para garantizar el relevo productivo y suplir la carencia de personal docente, como señalan Luis Fernando Figueroa y Manuel Villar, quienes aplican en la granja avícola técnicas veterinarias aprendidas antes de su reclusión, y reforzadas dentro para optimizar la producción de gallinas ponedoras, al tiempo que entrenan a los recién llegados.

«Aquí estamos capacitando a otros internos, les enseñamos lo que ya aprendimos para que ellos también se preparen. Al momento de retirarnos de acá, tiene que quedar alguien haciendo este trabajo para que esto siga evolucionando y creciendo. Esa es la idea principal», explica Figueroa, destacando el valor de la sostenibilidad humana.

Sin embargo, las limitaciones también son evidentes. Áreas como barbería y belleza funcionan con equipos limitados y algunas iniciativas han quedado prácticamente paralizadas, como la creación de ataúdes, y muebles escolares tras mermar por la pandemia del COVID-19, y posteriormente el retiro, en algunos, de apoyo estatal y oferentes, así como falta de personal técnico especializado.

Aunque el modelo ha logrado mantenerse operativo desde su implementación en 2006, su sostenibilidad continúa dependiendo en gran medida de soluciones improvisadas y de la experiencia acumulada por los propios internos y el Consejo de Reforma Penitenciaria. Falta un mayor apoyo de los demás organismos.

Trabajo en la libertad

La verdadera prueba de cualquier programa de rehabilitación no ocurre dentro de las celdas, sino fuera de ellas: en la capacidad de los exinternos para reinsertarse en la comunidad y mantenerse alejados de la reincidencia.

Según datos suministrados por el recinto carcelario, en los últimos 10 años al menos 23 internos egresaron de la fortaleza con formación técnica en áreas como ebanistería, herrería, panadería, bisutería y tapicería. Las edades de los capacitados oscilan entre los 25 y 45 años, y solo un 2 % ha reincidido.