Este viernes, la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción, Altagracia Ramírez, emite su decisión de si envía a juicio de fondo a los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y a otros exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina acusados estafar al Estado con más de 41 mil millones de pesos.

De la magistrada dictar apertura a juicio para los imputados, en su fallo programado para las 3:00 de la tarde, estos podrían ser condenados o absueltos en esa fase del proceso penal.

El Ministerio Público los acusa de presunta estafa al Estado mediante el desembolso irregular de fondos para saldar terrenos declarados de utilidad pública, fraude que presuntamente ascendió a más de 19 mil millones de pesos. También les imputa el pago de más de 21 mil millones de pesos a contratistas y la ejecución de un programa de extorsión a través de las bancas de apuestas.

El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra 47 personas físicas y jurídicas en un expediente que bautizó con el nombre de Operación Calamar, que también incluye al exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirilo y Claudio Silver Peña, respectivamente.

En el expediente se señala además al exsenador de Azua, Rafael Calderón y a Daniel Guerrero, hijo de Donald Guerrero. También involucra a los abogados Ángel Lockward, Juan Tomás Polanco Céspedes y los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández.

Igualmente están imputados Princesa Alexandra Ortiz, Ramón David Hernández y Yahaira Brito, entre otros acusados.

El grupo es procesado por presuntamente incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña “a una escala sin precedentes y lavado de activos”.

El órgano acusador solicita que los acusados sean enviados a juicio de fondo, mientras las defensas piden declarar nula la acusación y dictar auto de no ha lugar.

Devolvieron más de 2 mil millones de pesos

Este caso, que involucra a tres de los exministros más influyentes del gobierno de Danilo Medina, es señalado por el Ministerio Público como el expediente que contiene la presunta mayor estafa contra el Estado sometida en los últimos cinco años.

Solo los empresarios Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo y Fernando Crisóstomo, favorecidos con un criterio de oportunidad por su vinculación en el expediente de corrupción, devolvieron casi 2,000 millones de pesos en bienes y en efectivos.

Otro empresario a quien también se decidió no perseguir penalmente es José Arturo Ureña Pérez, quien entregó 500 millones de pesos en efectivo y en propiedades.

Asimismo, el exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero, quien igualmente admitió su responsabilidad en el cobro de dinero a bancas de apuestas ilegales para dejarlas operar, restituyó 17 millones de pesos a través de cheques y dos vehículos con un valor aproximado de casi tres millones de pesos.

Estos acuerdos implicaron colaborar en la investigación contra los demás señalados en el expediente de corrupción.

Casos separados

Por razones de salud, el caso del exsenador Rafael Calderón se separó del grupo de los principales acusados. El fallo que involucra a este exlegislador está programado para darse a las 9:00 de la mañana de hoy, viernes.

Asimismo, se desglosó la acusación contra los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández, cuyo proceso no avanza por razones de salud de la mujer, quien es una adulta mayor. La próxima audiencia del juicio preliminar que se sigue a estos dos está pautada para el 15 de junio.

La acusación contra Natividad Martínez Capellán también se separó del grupo de los exministros y esta ya fue enviada a juicio de fondo.