El Ministerio Público informó este miércoles que solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un inspector migratorio del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) que presuntamente le exigió el pago de una multa a un extranjero y a otra persona que le acompañaba, alegando que permanecerían más tiempo del permitido en el país.

El órgano persecutor indicó, mediante una nota de prensa, que el hecho ocurrió el pasado domingo 17 de mayo, cuando el inspector Albert Isaac Pérez Ferreras fue arrestado tras solicitarle a un pasajero de nacionalidad española y a su acompañante la suma de US$200.00 dólares.

  • De acuerdo con el ministerio, el imputado argumentó que las víctimas permanecerían en la República Dominicana por un período de tres meses, superando el tiempo permitido, por lo que debían realizar un supuesto pago por penalidad de estadía.

La instancia indica que, producto de la solicitud del acusado, los pasajeros le manifestaron que anteriormente habían ingresado al país sin inconvenientes y sin la necesidad de realizar pago alguno por concepto de estadía.

El MP señala que, ante la solicitud del dinero, el ciudadano español le indicó al inspector que únicamente poseía la suma de setenta dólares estadounidenses (US$70.00).

Según el órgano, posteriormente el inspector procedió a indicarle al pasajero que, disimuladamente, debía entregarle la referida cantidad para poder dejarlos ingresar al país.

Sostiene que, luego de varios intentos de entrega, el ahora investigado le indicó a la víctima que el dinero debía colocarlo dentro del pasaporte, procediendo este a actuar conforme a la exigencia.

Acciones legales contra el inspector migratorio

El ministerio aseguró que el caso quedó captado por las cámaras de vigilancia del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) del aeropuerto, configurándose el tipo penal de soborno.

La solicitud de medida de coerción fue presentada por la procuradora general de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Yoneivy González, Ernesto Guzmán Alberto y Elizabeth Paredes Ramírez, ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este.

La Pepca fue apoderada del caso por la Dirección General de Migración (DGM), institución a la que Pérez Ferreras ingresó en el año 2022.

El órgano detalló que, dentro del perfil de funciones inherentes a su cargo de inspector de control migratorio, se encuentran la responsabilidad de verificar, controlar y supervisar el ingreso y salida de pasajeros al territorio nacional, velando por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia migratoria, así como actuar con apego a los principios de legalidad, transparencia, probidad y ética en el ejercicio de sus funciones públicas.

El Ministerio Público solicitó que al imputado se le imponga la medida de coerción que le priva de libertad, de conformidad con el artículo 230, numeral 7, del Código Procesal Penal, Ley núm. 97-25.

Asimismo, argumentó que diferentes pruebas documentales, testimoniales, audiovisuales, materiales y procesales sustentan la solicitud de medida de coerción contra Pérez Ferreras, quien es imputado de violar el artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana, así como los artículos 174, 175 y 177 del Código Penal Dominicano, que tipifican los actos de corrupción y el soborno o cohecho.