Entre 2019 y 2025, más de 1,000 mujeres murieron por embarazo, parto o puerperio en República Dominicana. «Casi todas, muertes prevenibles«.

Con esta afirmación se inició este martes la presentación de la investigación «Madres Invisibles: La crisis silenciosa de la mortalidad materna en República Dominicana», presentada por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf), junto a la Asociación Gallega de Reporteros Solidarios (Agareso) y con el apoyo de la Xunta de Galicia.

El estudio analizó 30 casos de muertes maternas ocurridos en 2025, equivalentes al 17 % de las 177 muertes reportadas ese año, mediante la revisión de 13 expedientes médicos y 65 entrevistas en profundidad a familiares y personas cercanas a las fallecidas, evidenciando que la mortalidad materna continúa siendo una crisis marcada por desigualdades estructurales, pobreza y fallas persistentes en el sistema de salud.

«El fin del estudio no es culpabilizar, sino, analizar por qué siguen ocurriendo, comprender las barreras estructurales«, aclaró Syra Taveras, directora de Cipaf, quien presentó junto a Tania Alfonso, investigadora, y Graciela Morales, coordinadora del proyecto.

Taveras insistió en que detrás de las estadísticas existen trayectorias de vida atravesadas por exclusión y precariedad. «No estudiamos números aislados, reconstruimos trayectorias de vida«, expresó.

  • La investigación resalta que las mujeres no mueren principalmente por complicaciones del embarazo, sino por una cadena de fallas evitables del sistema de salud. «Las mujeres no morían por parto, morían por ser pobres», señalaron durante el encuentro.

El informe advierte que, aunque en el país se ha reducido el número de nacidos vivos en los últimos años, las muertes maternas no disminuyen. De acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna de Cipaf, en 2025 la Razón de Mortalidad Materna proyectada sería de 154 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, el doble de la media regional.

Embarazos tempranos, pobreza y atención deficiente

Las mujeres fallecidas tenían una edad promedio de 32.5 años. De los casos estudiados, 21 correspondían a mujeres dominicanas y nueve a haitianas. Además, el 20 % no había terminado la primaria y el 87.3 % había iniciado su vida en pareja a edades tempranas. Como consecuencia de estas uniones, el 80 % abandonó los estudios.

Asimismo, el 43.3 % experimentó su primer embarazo antes de los 19 años y el 10 % sufrió violencia de género o intrafamiliar.

El estudio también identificó precariedad laboral y económica entre las víctimas. Trece de las mujeres eran amas de casa y 21 estaban fuera del mercado laboral formal.

En materia de salud, el 70 % tenía un seguimiento prenatal discontinuo, insuficiente o de baja calidad. El 33.3 % no recibió ninguna consulta prenatal y solo el 6.7 % tuvo más de seis consultas.

Además, el 46.7 % padecía condiciones de salud preexistentes, entre ellas falcemia e hipertensión, cada una presente en el 20 % de los casos, así como cardiopatías y anemia, ambas con 13.3 %. También se registraron casos de VIH el 6.7 % de las veces.

Ubicación geográfica

Las investigadoras señalaron que las provincias con mayores riesgos no necesariamente son las de mayor cantidad de nacimientos. «El mayor riesgo no está donde hay más volumen, sino donde el Estado es más frágil», afirmaron.

Aunque Santo Domingo y Santiago concentran la mayor cantidad de muertes maternas, provincias como Independencia, Monte Plata, Hato Mayor y La Romana presentan mayores niveles de riesgo.

De Montecristi e Independencia dijeron que «están olvidadas, no tienen fortalecidos sus sistemas de salud», lo que obliga a las embarazadas a trasladarse hacia otras localidades para recibir atención médica.

«La gran mayoría de las que mueren en Santo Domingo vienen de esas provincias«, sostuvo Taveras.

Desmontando mitos

Durante la actividad, también se desmontaron varios mitos asociados a la mortalidad materna. 

Sobre la percepción de que las pacientes «llegan tarde» a los hospitales, tanto Taveras como Alfonso aseguraron que muchas mujeres recorren varios centros antes de recibir atención adecuada.

En relación con las mujeres haitianas, las ponentes señalaron que las cifras evidencian un aumento de las muertes de dominicanas entre 2024 y 2025, mientras las correspondientes a haitianas disminuyeron. Las muertes de madres haitianas pasaron de 86 a 76, mientras las de dominicanas aumentaron de 94 a 101.

«Hay muchas dominicanas sin documentación que las catalogan como haitianas. El sistema no pensó en la salud como un derecho», agregaron.

Asimismo, alertaron que en los hospitales no hay responsabilidad ni seguimiento porque «un día las atiende un médico y en la siguiente visita, otro».

Las organizaciones denunciaron barreras económicas que enfrentan las embarazadas pese a contar con seguro médico subsidiado. «Te paga la cama, pero, ¿qué hago con todo el resto?», cuestionó Taveras.

Según detallaron, una pinta de sangre puede costar entre 8,500 y 33,000 pesos, mientras que los traslados en ambulancia oscilan entre 1,500 y 2,000 pesos, sin incluir gastos de taxi o combustible.

El informe además documenta barreras vinculadas a documentación y racismo institucional. Sobre el protocolo migratorio hospitalario, afirmó que «el miedo a la deportación disuade a que vayan (a los hospitales)».

  • La investigación también aborda situaciones de violencia obstétrica, como decisiones clínicas sin consentimiento informado, subestimación del dolor y partos vaginales forzados pese a cesáreas previas.

Asimismo, advirtió que la penalización absoluta del aborto «crea un efecto inhibidor» tanto en pacientes como en personal médico.

Otro de los hallazgos expuestos fue el impacto social de estas muertes. En los 30 casos estudiados, 36 niños quedaron huérfanos y ninguna de las familias recibió acompañamiento psicológico y perdieron beneficios como Tarjeta Supérate o Bonogas al estar estos subsidios a nombre de la madre.

Propuestas

Cipaf recomienda fortalecer el primer nivel de atención, garantizar insumos médicos y sangre para emergencias obstétricas, sancionar la violencia obstétrica, transparentar los datos públicos y revisar la normativa sobre salud sexual y reproductiva.

«La sangre no debe ser una mercancía», enfatizaron.

También reclama un aumento del presupuesto destinado a salud pública. Según indicaron, República Dominicana invierte alrededor del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) en salud, cuando el estándar internacional recomendado ronda el 6 %.

«Reducir la mortalidad materna no es un simple desafío técnico. Es una obligación política, ética y de derechos humanos del Estado dominicano. Que ninguna mujer muera dando vida debe ser un compromiso real del Estado y de toda la sociedad», concluyó Taveras.