A casi cinco meses del apagón que afectó las operaciones del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), el país sigue sin una confirmación oficial sobre si la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) pagó o no la penalidad de cinco millones de dólares anunciada por el Gobierno.

El 24 de noviembre de 2025, el presidente Luis Abinader aseguró, durante su encuentro semanal con la prensa, que la empresa se encontraba en proceso de cumplir con la cuota. Según indicó, la información se la suministró el director del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo.

«Creo que están en el proceso del pago, buscando las maneras burocráticas», expresó entonces el mandatario.

Sin embargo, a cuatro meses, tres semanas y tres días del incidente —que se prolongó por casi nueve horas y provocó retrasos, cancelaciones y desvíos en al menos 47 vuelos, afectando a unos cinco mil pasajeros— no existe confirmación pública de que saldaran la sanción.

Diario Libre solicitó información en múltiples ocasiones tanto al Departamento Aeroportuario como a Aerodom. La entidad estatal respondió que prepara un comunicado oficial, sin ofrecer detalles concretos, mientras que la concesionaria no confirmó si realizó el pago ni precisó una fecha para hacerlo.

Sanción o compromiso

La incertidumbre no solo rodea el pago, sino también la naturaleza misma de la medida. En ocasiones anteriores, representantes de Aerodom sostuvieron que no se trata de una multa, sino de un compromiso de inversión previamente establecido en el contrato de concesión.

A esto se suma el cuestionamiento de si la sanción podía ser impuesta en esos términos. Juristas han señalado que la facultad sancionadora corresponde a órganos con habilitación legal expresa, como establece el marco normativo vigente.

En ese sentido, apuntan que la instancia competente para aplicar sanciones de este tipo sería la Superintendencia de Electricidad, y no la Comisión Aeroportuaria.

El argumento se apoya en el principio de legalidad administrativa, recogido tanto en la legislación como en la Constitución, que limita la potestad sancionadora a los órganos expresamente facultados. Bajo esta interpretación, la actuación de la Comisión Aeroportuaria podría constituir una extralimitación de funciones.

El apagón

Un informe técnico atribuyó el apagón a una falla interna en el sistema de distribución energética del aeropuerto. La causa la determinó una comisión investigadora interinstitucional conformada a instancias del Departamento Aeroportuario.

El equipo concluyó que el incidente se originó por el colapso del conjunto celda–seccionadora de media tensión, agravado por la indisponibilidad del circuito de respaldo.

Tras este proceso, la Comisión Aeroportuaria conoció el informe.

Otras medidas

Además del pago de la sanción, la Comisión Aeroportuaria dispuso que la concesionaria asumiera los costos derivados de los daños a pasajeros y aerolíneas, así como la ejecución de una intervención estructural urgente del sistema eléctrico del AILA. Según reportes de prensa, Aerodom contaba con un plazo de tres meses para realizar las reparaciones.

«Si hubo negligencia, habrá consecuencias. Eso para nuestro gobierno es inaceptable», advirtió en su momento el presidente Abinader.

No ha sido la única advertencia.

En enero de 2026, el mandatario también planteó la posibilidad de acudir a los tribunales si Vinci Airports no iniciaba la construcción de una nueva terminal aeroportuaria.

No obstante, un artículo de Diario Libre señaló que las disputas entre el Estado dominicano y la concesionaria estarían sujetas a arbitraje internacional, en Nueva York, lo que limita el margen de acción del Gobierno en ese sentido. Bajo ese esquema, las posibles reclamaciones económicas tendrían un tope cercano a los 15 millones de dó

Estrella rehabilitará pista del AILA

La reciente adjudicación por parte de Aerodom a Ingeniería Estrella para la rehabilitación de la pista principal del Aeropuerto Internacional de Las Américas se inscribe dentro de las obligaciones asumidas por la concesionaria en su contrato con el Estado dominicano, el cual le exige ejecutar inversiones periódicas en infraestructura crítica y garantizar estándares de seguridad operacional. La intervención, valorada en más de 20 millones de dólares, forma parte del programa de mantenimiento mayor previsto en el esquema de concesión.