Terminar acuerdos con antiguos contratistas conllevó una penalidad de millones de pesos a favor de la Procuraduría

Sin entrar en mayores detalles, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, informó durante su rendición de cuentas la pasada semana, que el Ministerio Público «ha concluido amigablemente» los contratos con las empresas involucradas en la construcción de Las Parras o Nueva Victoria.
Sin entrar en mayores detalles, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, informó durante su rendición de cuentas la pasada semana, que el Ministerio Público «ha concluido amigablemente» los contratos con las empresas involucradas en la construcción de Las Parras o Nueva Victoria.
Esos contratos, que forman parte de la investigación que llevó a la acusación judicial del conocido caso Medusa por el supuesto pago de sobornos y adendas irregulares, son la causa inicial invocada por la actual gestión de la Procuraduría para detener la terminación de una obra propuesta como solución al problema de hacinamiento que se vive en el penal La Victoria, el más congestionado del país.
Según la procuradora, las empresas con las que se llegó a acuerdos, dado que no fueron judicializadas en el caso, son Constructora Pablo Yarul & Asociados, S.R.L., Consorcio Construcción y Transporte de Prefabricados EEC-Pretensados Estructurales Dominicanos, S.R.L., Constructora Woxxen, S.R.L. y el Consorcio Remix-Rotilla.
- «Esto significa que se han superado todos los obstáculos legales y contractuales para permitir que el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived), conforme el mandato de la Ley 160-21, pueda llevar a cabo la culminación de esta obra tan crucial e importante», dijo Germán Brito en su alocución del pasado 26 de marzo.
No informó, sin embargo, bajo cuáles términos se logró dar por terminados los contratos originales. Fuentes de Diario Libre dicen que se hizo mediante una indemnización a favor del Estado de varios millones de pesos, pero sin precisar un monto.
Aunque se solicitó información a la Procuraduría, aún no se produce una respuesta.
Representantes de algunas de las referidas empresas figuran como testigos del ministerio público en el expediente que instrumentó la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y varios de sus colaboradores.
Uno de ellos es Francisco Humberto Pezzotti Grullón, de la Constructora Woxxen, quien, de acuerdo con la acusación, declaró al ministerio público que le prometieron adjudicarle el Lote 4 de la Nueva Victoria a cambio de entregar el 20 % del contrato, firmado originalmente por 692 millones de pesos, más una adenda de 106 millones.
Según el expediente, Pezzotti Grullón admitió haber pagado 83 millones de pesos en soborno de 138 millones que le exigían, y habría declarado que se le amenazó con «fabricarle un expedientico» si no entregaba el dinero.
La más ambiciosa del Plan de Humanización
Las Parras fue la más grandes de las obras a levantar en el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario que inició en 2018 el exprocurador Jean Alain Rodríguez, el que incluyó la construcción de cárceles en varios puntos del país. Pero, de acuerdo con la acusación que hizo el ministerio público en el caso Medusa, dicho plan fue usado para estafar al Estado con más de 6,000 millones de pesos.
