Tania Molina

La suerte de los imputados en el expediente de corrupción Antipulpo se sabrá el 7 de febrero próximo cuando el juez que evalúa las pruebas decida si el grupo va o no a juicio de fondo.

Para ese día, el caso, que involucra a dos hermanos del expresidente Danilo Medina y varios colaboradores de su Gobierno, sumará dos años y 70 días desde que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público iniciaron los allanamientos el 29 de noviembre de 2020. 

También, el juez podría adelantar ese día a los primeros condenados entre los cinco casos de corrupción administrativa que ha judicializado la gestión de la Procuraduría que encabeza Miriam Germán Brito.

Esto, gracias al acuerdo arribado con cuatro de los acusados, entre ellos, Francisco Pagán, exdirector de la suprimida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), quien se declaró culpable de la imputación y ha devuelto varios millones de pesos que, junto a los otros tres, suman 200 millones de pesos devueltos, según se informó. “He cumplido con mi responsabilidad y declarado los hechos que me corresponden”, dijo Pagán frente al juez de instrucción.

El lunes pasado concluyó la fase preliminar del caso Antipulpo que conoce el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El Ministerio Público y la defensa

Al concluir sus alegatos, el Ministerio Público solicitó al tribunal el envío a juicio de fondo de los imputados que no llegaron a un acuerdo, argumentando las más de 3,000 pruebas aportadas, pero, entre los defensores de los imputados, se mantiene la tesis de que las acusaciones no fueron demostradas.

“Estamos totalmente seguros que serán enviados a juicio de fondo con todas las evidencias que contiene”, declaró la coordinadora de Litigios del Pepca, Mirna Ortiz, tras sus conclusiones.