Yamalie Rosario

Uno plantea que la posible anulación de unas 114 auditorías, efectuadas durante la pasada gestión de la Cámara de Cuentas, habría originado las denuncias en contra del presidente de ese órgano, Janel Ramírez. El otro señala que no solo se trata de acoso sino de malversación de fondos. Y, al enfrentar las acusaciones que se realizan entre sí estos dos senadores, uno oficialista y otro peledeísta, parecen llegar a un solo consenso: que la causa del problema es de origen político y con el interés de mantener la impunidad en el país. Esto lo plantean cada uno, desde su bancada y desde su óptica. 

Al menos así lo expresaron ayer el senador perremeísta Pedro Catrain y el senador peledeísta Yván Lorenzo.

El congresista por Samaná, preside la Comisión Permanente de Justicia del Senado, órgano apoderado de estudiar la viabilidad o no de un proyecto de resolución que busca que el Senado conforme una comisión especial para investigar supuestas irregularidades cometidas en la Cámara de Cuentas. Esa pieza fue presentada por el vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánch

Lorenzo acusó a Catrain de violar los reglamentos de la Cámara Alta al retirarse abruptamente de una reunión de la Comisión Permanente de Justicia para impedir que se conociera la pertinencia o no de realizar las citadas pesquisas.

Al responder preguntas de los periodistas, Catrain dijo: “Entendemos que lo que hay detrás… son las auditorías que fueron maquilladas por Hugo Álvarez, el anterior presidente de la Cámara de Cuentas, cuñado de José Ramón Peralta… eso es lo que debió haber criticado el senador del PLD”. 

Agregó: “Esas auditorías maquilladas, que son 114, se van a anular. Las auditorías que se necesitan para los juicios de corrupción, es lo que quiere abortar el PLD. Eso es lo que hay en el fondo… es un problema político de que no quieren transparencia, que siga la impunidad”.

Acusó a Lorenzo de estar errado, por desconocer los reglamentos legislativos y confundir al Senado “con un circo”. Al cuestionársele si por eso buscan “la cabeza de Janel Ramírez”, Catrain dijo: “Exactamente, ese es el objetivo”.

Recordó que la carta que contiene las acusaciones de las empleadas de la Dirección Jurídica, Bella García Paulino y Virginia Correa Jiménez, data del 13 de diciembre de 2021. La misiva fue presentada entre las pruebas en la denuncia por supuesto acoso sexual en contra del presidente de la Cámara de Cuentas que depositaron ante el Ministerio Público las dos mujeres, el pasado 16 de septiembre.

Catrain argumentó que, si hubo acoso, él estaría de acuerdo con que se realice un juicio político, pero recordó que ya el Ministerio Público fue apoderado del caso. También, le recalcó a Lorenzo que la Cámara de Diputados es la que está facultada por la Constitución, para iniciar las investigaciones, y el Senado de realizar un juicio político.

La oposición insiste

Tras las declaraciones de Catrain, Lorenzo dijo a Diario Libre que este forma parte de un grupo de legisladores que actúan como “títeres” del gobierno para impedir que se haga una investigación seria sobre las acusaciones hechas.

“No solamente estamos hablando de acoso. Estamos hablando de malversación de fondos. De un rosario de problemas y de hechos que tienen que ser esclarecidos”. Para él las acusaciones de supuestas irregularidades administrativas y de tipo ético deben ser esclarecidas a través de una investigación que podría finalizar en un juicio político contra Ramírez y otros miembros del pleno. 

“El trasfondo que hay es el incentivo a la impunidad… El trasfondo es que Janel está ahí para proteger la impunidad, para que a los funcionarios del gobierno no se les puedan hacer auditorías serias”, reflexionó.

Sobre las acusaciones de Catrain de que el PLD busca impedir la anulación de 114 auditorías realizadas durante la anterior gestión, alegó: “No sé. No tengo interés en saber lo que está pasando ahí. Mi compromiso es con una gestión transparente”.

Previamente, en un programa televisivo, mostró facturas de supuestos gastos en restaurantes y supermercados que habrían consumido Ramírez y el magistrado Mario Fernández y que fueron pagados por la Cámara de Cuentas.