La población envejeciente en la zona fronteriza del país presenta una característica predominante. Seis de cada diez adultos mayores en este territorio tienen entre 65 y 74 años, de acuerdo con el informe Monitor de la Frontera del Ministerio de Hacienda y Economía. 

El dato forma parte de un análisis sobre las condiciones de los adultos mayores en la frontera, que aborda aspectos como sus características demográficas, los centros de atención disponibles, la infraestructura y los servicios de salud, así como el presupuesto destinado a este segmento poblacional.

El informe también evidencia un aumento sostenido de la población envejeciente en la zona. Al comparar los censos de 2010 y 2022, se registra un crecimiento de un 46.9 % en este grupo etario. 

Este fenómeno se enmarca en una proyección más amplia. El informe cita las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo de que para el año 2050 la población envejeciente en República Dominicana alcanzará el 16 %, lo que representa un incremento de siete puntos porcentuales respecto a 2022. 

Este crecimiento acelerado no solo implica un cambio en la estructura poblacional, sino también un aumento progresivo de la dependencia asociada al envejecimiento. El informe advierte que esto generará mayores presiones sobre el sistema de pensiones, el gasto en salud y la demanda de cuidados, lo que a su vez incrementa la vulnerabilidad del financiamiento del gasto social en la zona fronteriza.

En este contexto, uno de los principales desafíos identificados es la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para responder al incremento de la población envejeciente. 

Esto incluye ampliar la cobertura de servicios de salud y pensiones, así como avanzar hacia sistemas integrales de atención que permitan atender de manera adecuada las crecientes necesidades de este grupo poblacional.

El acceso a servicios evidencia importantes brechas territoriales. Aunque el 9.4 % de los centros afiliados al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) se ubican en la zona fronteriza, provincias como Pedernales carecen de centros activos, lo que limita la atención y aumenta la vulnerabilidad de sus habitantes mayores.

Desigualdad en la atención especializada

A esto se suma una marcada desigualdad en la atención especializada. Mientras en el resto del país las consultas especializadas, como geriatría, psicología u odontología, representan el 42.5 %, en la zona fronteriza apenas alcanzan el 3.4 %.

Esta diferencia refleja limitaciones en la oferta y posibles barreras de acceso, reduciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud ante las necesidades específicas de la población envejeciente.

El informe advierte que estas carencias podrían traducirse en una mayor sobrecarga para los hogares cuidadores, que continúan siendo el principal soporte de cuidado, así como en una protección social desigual para los adultos mayores, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad. 

Frente a este panorama, el incremento proyectado del presupuesto para 2026 en el Programa de Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor se presenta como una oportunidad para cerrar brechas. 

De acuerdo al documento, de cara al presupuesto 2026, se proyecta beneficiar a 263,607 personas adultas mayores mediante servicios de atención integral, protección social y cuidado domiciliario, reforzando la orientación del programa hacia la cobertura y la continuidad de atención.

El documento plantea que estos recursos deben orientarse a ampliar la cobertura territorial, fortalecer la atención especializada y priorizar intervenciones dirigidas a los casos de mayor vulnerabilidad.