El Gobierno dominicano procura extender los programas de bioseguridad dentro de las granjas de cerdos en el país como medida de contención y mitigación de la peste porcina africana -enfermedad presente desde el 2021 y catalogada endémica en el 2024-, una decisión inicialmente cuestionada por los porcicultores, pero a la que se han venido adaptando.

“Nosotros estamos planteando una reconstrucción (de la producción) porcina, no una erradicación”, aseveró el director general de Ganadería (Digega), Abel Madera. Explicó que la reconstrucción consiste en dotar granjas de mecanismos de bioseguridad que faciliten la continuidad de la producción, una iniciativa que tomará de tres a cuatro años para ejecutarse en su totalidad.

Al ser consultado, reiteró que la enfermedad se ha mantenido bajo control, con una tasa de positividad “inferior al 1 %”, por lo que considera que la producción puede continuar, de tomarse las medidas preventivas adecuadas. 

Cae la producción

Aunque Madera afirmó que la matanza formal de cerdos creció un 10 % en el 2025 con relación al año anterior, los datos del Ministerio de Agricultura registran una caída del 25 % en la producción nacional en ese período, pasando de los 1,436,040 quintales en el 2024 a 1,069,087 quintales el año pasado.

El año 2025, el consumo estimado fue de 3,240,274 quintales, superior a la producción, por lo que se necesitó la importación de 2,171,763 quintales para compensar la demanda de la población.

La Federación Dominicana de Porcicultores (Fedoporc) estima que previo a la PPA habían en el país unas 110,000 madres reproductoras, de las cuales solo quedan unas 30,000, una muestra de cuán drástico y progresivo ha sido el impacto de la PPA sobre la producción nacional. 

Mantener  la actividad

Aunque el sacrificio de los cerdos fue la postura inmediata de los porcicultores ante la enfermedad, el sector se ha venido adaptando a la postura tomada por el Gobierno, como lo reconoce el presidente de Fedoporc, Miguel Ángel Olivo.

“Ya cuando el Estado toma esa posición, pues está bien que tenemos una posición pero, si no, tenemos que adaptarnos a lo que se ha decidido hacer y que nosotros sobremanera también agradecemos, porque ha habido un gran apoyo económico, logístico y de todo el Estado tratando de controlar esa producción”, remarcó.

Señaló que la toma de estas medidas ha permitido evitar rebrotes como el ocurrido entre enero y marzo del 2025 que, según la Digega, llevaron al sacrificio de más de 25,000 cerdos y al compromiso de compensar económicamente con hasta 160 millones de pesos a los productores afectados.

Para la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el país, existe evidencia internacional que respalda que la producción porcina puede recuperarse con procesos graduales de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y manejo del riesgo.

En el país se han identificado alrededor de 640 granjas a nivel nacional, de las cuales el 82 % “ya forman parte del proceso de bioseguridad en el país”, de acuerdo al coordinador de Bioseguridad Porcina de la FAO, Diego Rojas, quien planteó que la toma de medidas preventivas en el país se ha duplicado, razón por la cual el riesgo sanitario se ha reducido “sustancialmente”.

Este proceso ha implicado tecnificar la granja, que consiste en modernizar los sistemas de producción porcina incorporando mejores prácticas de manejo sanitario, infraestructura adecuada, control de accesos, trazabilidad productiva y capacitación de personal.

“Los impactos económicos superan ampliamente el costo de las medidas preventivas; por cada dólar invertido en bioseguridad se pueden evitar entre 19 y 99 dólares en pérdidas asociadas a eventos sanitarios”, enfatizó.

La Fedoporc aboga porque, además de estas medidas, el Gobierno cambie el modelo de producción de cerdos, promoviendo la crianza de madres y lechones por separado -como se hace en el sector avícola- para reducir aún más el impacto de la enfermedad.