Procesos vinculados a la propiedad de terrenos en la Jurisdicción Inmobiliaria pueden permanecer entre uno y hasta tres años sin decisión judicial, principalmente en trámites técnicos como deslindes, saneamientos y solicitudes administrativas, según explicó este miércoles la presidenta de la Corte del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, magistrada Catalina Ferreras.

Al referirse un diagnóstico realizado por el Poder Judicial sobre el funcionamiento del sistema de tierras, la magistrada indicó que la mora judicial fue uno de los principales problemas identificados.

» «La demora significa mora judicial de procesos con uno, dos y hasta tres años de un proceso sin fallo aún en sentido de procesos técnicos como deslinde, saneamiento y solicitudes administrativas», indicó. «Catalina Ferrerasla presidenta de la Corte del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este“

El estudio también evidenció un aumento significativo en los procesos de deslinde que ingresan a los tribunales. Estos cambios en el tratamiento normativo de este procedimiento provocaron un incremento de 235 % en estos casos, lo que contribuyó a la acumulación de expedientes.

Ante este panorama, el Poder Judicial impulsó el Plan para Optimizar la Jurisdicción Inmobiliaria, iniciativa orientada a mejorar la gestión de los tribunales de tierras, reducir la mora judicial y fortalecer el acceso a los servicios del sistema.

Como parte de estas medidas, las autoridades decidieron fortalecer la figura de la regularización parcelaria, un procedimiento que permite resolver conflictos sobre terrenos mediante una vía administrativa, sin necesidad de judicializar todos los casos.

En ese contexto fue aprobada la Resolución 82-2025 sobre deslinde y regularización parcelaria, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, normativa que amplía el uso de este mecanismo para evitar que los tribunales se saturen con procesos técnicos.

Ejes del plan

El plan en esta nueva etapa de modernización se basa en tres objetivos principales: cero moras judiciales, 100 % acceso a los servicios y 100 % transparencia en los procesos.

La optimización contempla diversas acciones para mejorar el funcionamiento de la jurisdicción, entre ellas la revisión y simplificación de procesos, la eliminación de trámites innecesarios, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y una mayor coordinación entre los órganos que integran el sistema inmobiliario.

Así como la puerta en marcha iniciativas como la Mesa Nacional de Optimización, la Mesa Táctica de Optimización Regional y la Mesa Nacional de Buenas Prácticas Interinstitucionales, además de un sistema de monitoreo permanente de la mora judicial y programas de capacitación para jueces y servidores judiciales.

Como parte de las metas de transformación, el Poder Judicial tambien proyecta que para junio de 2026 que el 80 % de los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria estén al día.

Avances en digitalización

Según los datos presentados, el 95 % de los expedientes se envían de forma digital desde el Registro Inmobiliario hacia los tribunales, mientras que el 67 % se remite desde los tribunales al Registro, lo que contribuye a mejorar la trazabilidad de los procesos y reducir los tiempos de tramitación.

Además, el Portal de Acceso Digital ha ampliado el acceso remoto a los servicios judiciales, donde a febrero de 2026, cerca del 35 % de los expedientes fueron presentados a través de esta plataforma.

Durante el encuentro también se destacaron otras soluciones tecnológicas orientadas a fortalecer la seguridad jurídica, entre ellas figura la firma digital cualificada con código QR, mediante la cual se han emitido alrededor de 29,790 documentos firmados electrónicamente.

A esto se suma el sistema de alertas registrales, que notifica a los propietarios cuando se intenta registrar alguna operación sobre sus inmuebles, reportando  50,965 usuarios están suscritos a este servicio.

Plan Nacional de Titulación

El Registro Inmobiliario también respalda el Plan Nacional de Titulación impulsado por el Ministerio de la Presidencia.

Como parte de esta iniciativa, se han entregado 258,244 certificados de títulos, beneficiando a miles de familias que ahora cuentan con seguridad jurídica sobre sus propiedades.