El Colectivo Migración y Derechos Humanos expresó este martes su preocupación ante las afectaciones al derecho a la salud de personas migrantes en situación irregular, en el contexto de la implementación por las medidas de control migratorio, particularmente en centros de salud públicos.

Según el Colectivo, la aplicación de las denominadas «15 medidas» ha generado un clima de miedo e incertidumbre que está impactando el acceso efectivo a la atención médica, especialmente en el caso de mujeres embarazadas, recién nacidos, niños y niñas.

En un comunicado, la organización señaló que la disminución en la presencia de mujeres extranjeras en maternidades y otros servicios hospitalarios —reportada recientemente por el presidente del Colegio Médico Dominicano— coincide temporalmente con la entrada en vigencia de dichas medidas. Si esta reducción responde al temor de ser detenidas o deportadas al acudir a un centro de salud, se trataría de una señal alarmante desde el punto de vista sanitario y humanitario.

«Cuando una población vulnerable deja de buscar atención médica por miedo, se incrementan los riesgos individuales y colectivos», indicó el Colectivo en un comunicado.

En relación con las declaraciones sobre supuestas «negociaciones soterradas» vinculadas a la atención de personas indocumentadas, el Colectivo sostuvo que cualquier irregularidad administrativa o posible acto de corrupción debe ser investigado con transparencia y rigor.

No obstante, advirtió que investigar faltas administrativas no puede traducirse en la instalación de la idea de que los servicios de salud brindados a personas indocumentadas —en particular a mujeres embarazadas— son en sí mismos sospechosos.

«Desde una perspectiva de derechos humanos y salud pública, la atención materna no constituye una concesión migratoria, sino un deber del Estado. La Ley 42-01 General de Salud establece la obligación de garantizar servicios en todos los niveles y reconoce prioridad en la atención para mujeres embarazadas, niños y niñas, sin introducir distinción por nacionalidad o estatus migratorio en el momento de la prestación del servicio», señala el comunicado.