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El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, admitió este jueves el uso inadecuado de la Ley contra el odio -cuestionada por defensores de derechos humanos- y consideró posible una reforma de esta legislación que establece penas de hasta 20 años de cárcel, durante el debate para la aprobación de una histórica amnistía.
El jefe parlamentario aseguró que la Ley contra el odio es «muy útil», pero reconoció que «hubo situaciones de mala utilización» y aplicación de esta legislación.
«Eso es verdad y tiene que ser corregido«, afirmó.
En este sentido, señaló que el Programa por la Convivencia Democrática que impulsa el diálogo político en el país a petición de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se encuentra «estudiando los alcances» de esta ley, y adelantó que es «muy probable» su reforma en la AN.
«¿Quién lo va a corregir? El Programa por la convivencia democrática, y también la comisión de seguimiento de la ley de amnistía», agregó.
Contexto y críticas a la Ley Constitucional contra el Odio
El presidente parlamentario hizo estas declaraciones durante el debate que llevó a la aprobación definitiva de una histórica Ley de amnistía en Venezuela.
- La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.
Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, dispararon la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados «delitos de odio» y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento «para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria de Venezuela, ha calificado esta legislación como parte de un «marco legal represivo«.
En medio de las consultas públicas de la amnistía, la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) también respaldó derogar legislaciones que «coartan derechos fundamentales«, entre las que incluyó la Ley contra el odio.
opiniondelpueblo.com 