El Ministerio Público presentó este jueves sus conclusiones formales en el juicio de fondo que se sigue contra los imputados en una presunta red de corrupción administrativa que habría desfalcado al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos, en las que solicitó  penas máximas de hasta 20 años de prisión para los principales cabecillas de la presunta red de corrupción administrativa.

La fiscalía solicitó específicamente una condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Rafael Núñez de Aza y Rafael Camilo de los Santos Viola.

Durante la audiencia, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, pidió al tribunal condenar a los imputados por violación a la Constitución de la República, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y lavado de activos provenientes del narcotráfico, entre otras infracciones graves.

Además de las penas privativas de libertad, el Ministerio Público solicitó el decomiso masivo de cientos de bienes muebles e inmuebles, incluyendo propiedades de lujo, vehículos y activos financieros, identificados mediante una amplia relación de pruebas materiales, para que pasen a favor del Estado dominicano.

Para Girón Jiménez

En cuanto al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien figura como delator del caso, el órgano acusador solicitó una condena especial de cinco años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos, en virtud de su «cooperación efectiva y el suministro de información clave» que permitió desmantelar la estructura investigada.

Conclusiones del Estado como parte querellante

En su calidad de querellante y actor civil, el Estado dominicano, representado por su barra de abogados, también presentó sus conclusiones ante el tribunal. Al tomar la palabra el jurista José Ortiz solicitó al tribunal en el aspecto penal, que todas las personas físicas y jurídicas acusadas sean condenadas a cumplir las penas solicitadas por el Ministerio Público en sus conclusiones.

En el aspecto civil, pidió que todas las personas físicas y jurídicas acusadas y demandadas civilmente sean condenadas de manera solidaria a pagar al Estado dominicano la suma de 20,974,753,919 millones como justa reparación por los daños y perjuicios de toda índole sufridos.

Además, que los imputados y las entidades demandadas civilmente sean condenados al pago de las costas procesales, ordenando su distracción y provecho a favor de los abogados de la parte querellante, quienes afirmaron estar avanzándolas en su mayor parte.

  • El tribunal dispuso el receso de la audiencia y fijó su continuación para el martes 10 de febrero de 2026, a las 9:00 de la mañana, fecha en la que iniciarán sus alegatos finales las defensas técnicas de los imputados.