El Instituto Duartiano expresó este lunes su preocupación por lo que considera una tendencia del Poder Judicial a minimizar los valores religiosos y patrióticos en la administración de justicia, señalando «irregularidades en el uso de los símbolos nacionales y cuestionando decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia».

En un comunicado, el presidente de la entidad, Wilson Gómez Ramírez denunció que en distintas salas de audiencias se exhiben versiones del escudo nacional que no se ajustan a lo establecido en el artículo 32 de la Constitución ni a la Ley 210-19 sobre Símbolos Patrios. También advirtió sobre la desaparición de crucifijos en los tribunales y la incorrecta colocación de la bandera nacional en algunos estrados.

Además, lamentó que el escudo nacional, que durante años estuvo en la fachada del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, fuera retirado hace más de cuatro años sin que haya sido repuesto ni se haya ofrecido una explicación oficial.

También cuestionó la amonestación impuesta por el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial al juez Rigoberto Sena, por citar al patricio Juan Pablo Duarte en una reflexión judicial. A juicio de la entidad, la sanción genera un efecto contrario al que se procura en materia de ética judicial y desconoce el valor moral y doctrinal del fundador de la República.

Reconocen avancen en la frontera, pero piden más acciones 

En otro orden, Gómez Ramírez reconoció avances en la seguridad militar de la frontera durante el año 2025, como la instalación de torres de vigilancia, la incorporación de nuevos equipos, el aumento del personal y una mayor presencia de los altos mandos castrenses en la zona.

Sin embargo, consideró que las medidas siguen siendo insuficientes y urgió al gobierno a implementar acciones más firmes y permanentes, entre ellas citó la creación de condiciones habitacionales para que los soldados destacados en la frontera puedan residir allí con sus familias, replicando el modelo aplicado en San Isidro.

Asimismo, valoró el fortalecimiento de la Dirección General de Migración mediante nuevos equipos, medios de transporte y programas de capacitación, aunque advirtió que el desafío migratorio —especialmente el control de haitianos indocumentados— requiere mayor determinación estatal.

Sin embargo, el Instituto Duartiano sostuvo que persiste una falta de conciencia en distintos sectores sobre los riesgos que supone la presencia desbordante de migrantes ilegales en el país, situación que, según afirmó, genera presiones para debilitar la actuación de las autoridades migratorias.