La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este jueves que, durante el año 2025, logró salvaguardar más de 6,500 millones de pesos del patrimonio público a través de sus mecanismos de control, prevención y supervisión del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP).

Como parte de estas acciones de fiscalización, la institución dijo que  anuló y reencauzó procesos de licitación que presentaban irregularidades por un monto superior a los 984.4 millones de pesos.

Dijo -en un comunicado- que emitió 190 resoluciones en el marco de investigaciones y reclamos administrativos. De ese total, 26 decisiones dispusieron la anulación de actos administrativos, tras comprobarse inobservancias al debido proceso y violaciones al marco normativo vigente.

De manera concreta, como resultado de estas actuaciones correctivas, la DGCP informó que nueve procedimientos de contratación fueron anulados, por un monto superior a los 984,438,624.00 pesos, lo que obligó a las instituciones contratantes a realizar nuevos procesos conforme a la ley.

Acciones

A estas acciones se suman los resultados del monitoreo preventivo, mediante el cual la DGCP intervino oportunamente antes de que se materializaran irregularidades, logrando la cancelación de 78 procesos de contratación, por un monto de 4,950,104,596.46 pesos, así como la suspensión de siete procesos, por un monto adicional de 659,131,921.87 pesos.

En conjunto, estas intervenciones preventivas permitieron reencausar procesos por un monto total de 6,593,675,142.33 pesos, fortaleciendo el uso eficiente y transparente de los recursos públicos y reduciendo riesgos de afectación al erario.

En coherencia con esta labor integral de control y prevención, durante el año 2025 la DGCP emitió 35 decisiones de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado (RPE), incluyendo inhabilitaciones temporales por incumplimientos contractuales e inhabilitaciones permanentes por la presentación de documentos falsos o adulterados.

Cancelación y suspensión

A estos se suman la cancelación y suspensión de oficio de 91 registros de proveedores de personas físicas y jurídicas condenadas o procesadas por delitos de corrupción. De igual manera, 39 por encontrarse dentro del régimen de inhabilidades previsto en la normativa vigente.