El Congreso de Estados Unidos dio un paso importante ayer hacia la renovación del programa HOPE/HELP, un régimen comercial preferencial diseñado para impulsar la industria textil y de la confección en Haití.

La medida cuenta con respaldo bipartidista y forma parte de un paquete legislativo revisado por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. El proyecto de ley que busca extender HOPE/HELP, deberá avanzar ahora hacia el pleno de la Cámara antes de continuar su proceso en el Senado para la votación final.

Durante la sesión, el presidente del comité, Jason Smith, destacó que la extensión del programa es fundamental no solo para la recuperación económica del país caribeño, sino también para los intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

«Una relación comercial justa y mutuamente beneficiosa con Haití genera empleo y estabilidad en una nación con un historial de crisis humanitarias. Un Haití próspero contribuye a la seguridad de Estados Unidos«, afirmó Smith.

¿Qué es HOPE/HELP?

La legislación HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement) y su posterior expansión HELP (Haiti Economic Lift Program) permiten que productos textiles y de confección fabricados en Haití ingresen al mercado estadounidense con preferencias arancelarias, lo que ha convertido al sector en uno de los principales motores económicos del país.

Estas facilidades han ayudado a crear decenas de miles de empleos y a atraer inversión extranjera en un contexto marcado por crisis políticas, violencia de pandillas y una profunda fragilidad institucional.

Impacto en RD y Haití

El programa que venció el pasado 30 de septiembre, permitía exportaciones libres de aranceles de prendas de vestir producidas en Haití hacia el mercado de Estados Unidos. 

Las importaciones de textiles producidas a través del HOPE/HELP constituyen toda una cadena de valor que incluye los puertos de entrada de materias primas, transportistas, puertos de exportación, navieras estadounidenses, así como fábricas de telas, etiquetas, cartón e hilos de coser, los cuales se verían afectados, en especial en la República Dominicana, además de las divisas que generan.

El acuerdo, vigente desde 2006 y ampliado tras el terremoto de 2010, atrajo a fabricantes estadounidenses de ropa y generó decenas de miles de empleos en el país más pobre del hemisferio occidental, llegando a ocupar 60,000 trabajadores en 2021.