Desde su creación, la figura del Defensor del Pueblo se ha concebido como un canal para canalizar los reclamos de la población ante situaciones de injusticia o vulneración de derechos por parte de entidades públicas o privadas.

Entre 2013 y 2024, la institución recibió un total de 15,096 casos, de los cuales se han resuelto 12,214, lo que representa una tasa de resolución del 80.9 %. Estos datos se extrajeron de las memorias institucionales del Defensor del Pueblo, disponibles en su portal de Transparencia.

El año pasado se registró el mayor número de casos ingresados en toda la serie (2,336), con una resolución de 1,646, lo que equivale al 70.4 %. 

Paradójicamente, el segundo año con más casos fue en su debut, en 2013. En esa ocasión se reportaron 2,059, pero solo se resolvieron 1,306, lo que representa el 63.4 %.

Las propias memorias institucionales retratan que, para esa fecha, la población desconocía en gran medida las competencias de esa institución, lo que provocó que muchas solicitudes fueran rechazadas. Además, las principales actividades de ese año estuvieron enfocadas en la constitución formal de la institución.

A lo largo del tiempo, las cifras han mostrado una tendencia variable: mientras que en 2014 y 2020 se resolvieron prácticamente todos los casos ingresados, en años como 2015 y 2021, el volumen de expedientes superó la capacidad de respuesta, generando rezagos. En promedio, la institución recibió anualmente 1,258 expedientes y resolvió 1,018.

De igual forma, el número de orientaciones y cierres de reclamaciones ha variado significativamente. En 2018, por ejemplo, se ofrecieron 678 orientaciones y se cerraron 572 casos, mientras que en 2022 las cifras fueron de 146 y 778, respectivamente.

El año con más orientaciones fue 2024, con 1,095, y en 2021 se alcanzó el pico de cierres de reclamaciones (1,022), cifra que incluso superó el total de casos resueltos ese mismo año, que fue de 879.

Primeras luchas

En poco más de una década, las áreas de intervención han sido diversas, aunque con un enfoque claro en la protección de derechos sociales, el control de abusos por parte de funcionarios públicos y la supervisión de condiciones de vulnerabilidad.

Uno de los enfoques prioritarios en el génesis de la institución, que estuvo a cargo de la abogada Zoila Martínez Guante, fue el acceso a servicios básicos, especialmente en salud y seguridad social. En 2014, por ejemplo, la institución gestionó la afiliación al Régimen Subsidiado de la Seguridad Social y al Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) de más de 215 personas de escasos recursos económicos.