El Centro Penitenciario Las Parras fue entregado en agosto de 2020 con más de un 90 % de ejecución aparente. A simple vista, parecía listo para entrar en operación. Pero una revisión técnica reveló lo contrario: no existían actas de que alguna institución estatal recibiera formalmente la obra y las edificaciones no cumplían las condiciones mínimas para alojar internos ni para operar con personal penitenciario. Ese vacío documental marcó el inicio de un período de cuatro años de deterioro, retrasos, litigios y abandono.

Desde el principio, el penal era inhabitable. Faltaban instalaciones educativas y los talleres estaban muy por debajo de la escala requerida para la población prevista. Los sistemas de vigilancia presentaban fallos de diseño y varias estructuras resultaban incompatibles con los estándares de un centro de mediana seguridad. No había forma de saber qué entregaron realmente las constructoras ni cuál era el avance real del proyecto.

Fallas y un abandono que las agravó 

La falta de responsables claros, producto de la inexistente recepción oficial, dejó al proyecto sin supervisión. La infraestructura se deterioró sin mantenimiento ni vigilancia, equipos desaparecieron y zonas previamente liberadas fueron ocupadas nuevamente por invasores. Pero buena parte de los problemas no nació en el abandono: estaban en la concepción misma de la obra.

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agentes egresados del Instituto de Estudios Penitenciarios requerirá Las Parras para operar

El penal fue diseñado para más de 8,500 internos, una escala que hacía inviable cualquier modelo de rehabilitación individualizada. Su distribución en cuatro cuadrantes separados solo por malla ciclónica complicaba el control, aumentaba los desplazamientos internos y no respondía a los estándares de mediana seguridad. La ubicación también era problemática: una zona despoblada entre Santo Domingo y Monte Plata, lejos de tribunales y comunidades, con parte de las edificaciones levantadas sobre una cañada que se desborda cuando suben las aguas del lago Los Reyes.

RD$1,097 millones en movimiento de tierra

El acondicionamiento del terreno requirió más de 1,097 millones de pesos en movimiento de tierra. El acceso principal, de 1.4 kilómetros, dificultaba emergencias, visitas y transporte de personal. A esto se sumaba la mala calidad de diversos materiales: ventiladores fuera de especificación, equipos de acero inoxidable deteriorados pese a sus supuestas garantías, edificaciones sin utilidad operativa, kilómetros de vías internas y mallas ciclónicas instaladas sin un propósito claro.