Es acusado de al menos cuatro presuntos delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito de funcionario público

Un grupo de legisladores de oposición presentó este jueves una denuncia penal contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, por al menos cuatro presuntos delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito de funcionario público, una acción sin precedentes en el país que amenaza con abrir una crisis en el Ejecutivo, que completó dos años de gestión.

«Esta denuncia no se centra solamente en los hechos conocidos recientemente, nos remontamos ya a las finanzas del presidente de la República, al inicio mismo de su mandato», en agosto de 2023, declaró el senador Rafael Filizzola en una conferencia de prensa al anunciar la acción judicial, formalizada poco después ante el Ministerio Público.

La denuncia fue rubricada, además de Filizzola, por los senadores Ignacio Iramain, Esperanza Martínez y Rubén Velázquez, así como por los diputados Raúl Benítez, Leidy Galeano, Adrián Vaesken y Johanna Ortega, y abarca los presuntos delitos de «enriquecimiento ilícito de funcionario público, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio, y los demás que surjan de la investigación fiscal».

Filizzola advirtió que «desde el inicio de este mandato, y sobre todo en las últimas semanas», se han conocido revelaciones «verdaderamente escandalosas que hacen al manejo de recursos que serían públicos».

En ese sentido y al denunciar que la Fiscalía «hasta ahora no ha hecho nada», señaló que «como ciudadanos», pero sobre todo como legisladores, se ven «en la obligación de presentar esta denuncia penal a los efectos de que se le imprima trámite«.

Patrimonio

La denuncia refiere un «presunto incremento del patrimonio de Peña» desde 2017, cuando dejó el cargo de ministro de Hacienda (2015-2017), hasta que asumió la Presidencia en 2023, explicó Filizzola.

En concreto, según el documento, en 2017 Peña declaró un patrimonio de 1,351 millones de guaraníes (unos 194,025 dólares) y en agosto de 2023 registró un monto de 23,024 millones de guaraníes (unos 3.3 millones de dólares), «un incremento patrimonial del orden del 1,603 %».

La exsenadora y abogada patrocinante Kattya González dijo a EFE que la denuncia recoge informes periodísticos y «un exhaustivo análisis de fuentes que son públicas», entre ellas, las declaraciones juradas de patrimonio del presidente.

«Hay demasiada inconsistencia que el Ministerio Público debería investigar, pero las expectativas que tenemos también son bastante limitadas», admitió la jurista.

No obstante, González, quien fue destituida en febrero de 2024 por una mayoría del gobernante Partido Colorado y sus aliados, afirmó que albergan «alguna esperanza» en fiscales que considera «van a hacer un trabajo».