En el país existen procesos judiciales por estafas inmobiliarias, piratería digital, fraudes mediante llamadas telefónicas, entre otros

La condena a ocho años de prisión impuesta a Jairo González por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional reaviva la atención sobre los fraudes financieros y casos de estafa en el país. 

González fue hallado culpable de asociación de malhechores, estafa por falsa calidad y ejercicio ilícito de actividades del mercado de valores, y deberá cumplir su condena en Najayo Hombres. Además, se le impuso una multa y el pago de indemnizaciones civiles que suman más de 890 millones de pesos, a favor de 287 víctimas. 

La sentencia reveló cómo González y su coimputado Kelmin Santos Rodríguez operaron una estructura que captaba fondos de inversionistas bajo la falsa promesa de transacciones en «valores virtuales» sin autorización oficial. Los afectados perdieron grandes sumas de dinero, con indemnizaciones individuales que van desde cientos de miles hasta decenas de millones de pesos. 

Así como este caso, actualmente en el país existen procesos judiciales por casos similares a las que cometió Jairo, incluyendo estafas inmobiliarias, piratería digital, fraudes mediante llamadas telefónicas, entre otros. 

Piratería digital: Operación Domo 

La semana pasada el Ministerio Público en conjunto con el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, desmantelaron una red dedicada a la piratería digital que operaba en perjuicio de importantes compañías internacionales de televisión y streaming. 

La red, desarticulada mediante la «Operación Domo«, ofrecía accesos ilegales a más de 1,400 canales y 14,000 películas y series, incluyendo contenidos exclusivos de plataformas como Netflix, Disney++ y Amazon Prime Video. 

Los cuatro imputados, acusados de piratería digital, violación de derechos de autor y lavado de activos, enfrentan medidas de coerción que serán conocidas el jueves 25 de septiembre

La organización criminal utilizaba plataformas IPTV66 y Servidor Privado para revender suscripciones ilegales, generando ganancias millonarias con transacciones en bitcoins y cuentas bancarias nacionales e internacionales, que superaron los 280 millones de pesos y más de un millón de dólares en pagos de suscriptores. 

Estafa al sistema digital de un banco 

A principios de septiembre se dio a conocer una estructura criminal que logró vulnerar la red digital y financiera de una entidad bancaria del país, estafando con más de 11 millones de pesos entre junio de 2024 y mayo de 2025, según el Ministerio Público.

La organización operaba de manera altamente estructurada y contaba con varios integrantes, algunos aún prófugos. 

Durante operativos simultáneos en las provincias San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana, fueron arrestados Cristina Evelyn Peguero Sánchez y Darwin Emmanuel Jacobo, quienes enfrentan cargos por asociación de malhechores, transferencias ilícitas y lavado de activos. 

Aunque el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, el tribunal impuso medidas de coerción consistentes en impedimento de salida del país y presentación periódica, mientras continúan las investigaciones. 

Supuesta estafa inmobiliaria: caso Enmanuel Rivera 

Otro caso que está en los tribunales es la alegada red de estafa inmobiliaria liderada por el empresario Enmanuel Rivera Ledesma fue desmantelada en enero de 2024, tras operar desde 2019 con proyectos de construcción ficticios para captar fondos de inversionistas, en su mayoría dominicanos residentes en el exterior.  

De acuerdo con la investigación, el fraude asciende a más de 700 millones de pesos, y según el Ministerio Público, el dinero fue utilizado por los acusados para financiar una vida de lujos. 

Actualmente, Rivera Ledesma, junto a su esposa, hijos, hermana y otros implicados, enfrenta un juicio de fondo por este caso.