Algo ha hecho bien Conani para lograr un descenso significativo en la tasa de embarazo en las adolescentes dominicanas. Todavía es alta, una de las mayores de América Latina, y la edad promedio del inicio de vida sexual activa es de 11- 12 años tanto para niños como para niñas. Pero un problema tan complejo, con tantas aristas sobre las que actuar, no se soluciona fácilmente. Se precisa un cambio cultural, económico y social tan rotundo que es imposible pensarlo en años. Pasarán lustros… si todo sigue en esa dirección. 

De 2020 a 2024 el Servicio Nacional de Salud, que es el que recoge las estadísticas de los casos que se atienden, ha constatado un descenso del 4 % en el embarazo de niñas de 10 a 17 años. Del 22.46 % al 18 %. Ese frío número representa a 9,571 niñas que no han visto su vida truncada. Argentina, Brasil y Chile son los países más avanzados en la contención del embarazo adolescente y ahora el caso de República Dominicana se estudia con interés. Por fin, como un caso de éxito en esta lucha.

Hablamos con Ligia Pérez, presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia y con Alexandra Santelises, su directora ejecutiva. Las dos, conscientes de la profunda importancia de la misión que enfrentan. Y afortunadamente para todos, muy sensibilizadas por el tema. Las dos irán contestando preguntas en una conversación a tres bandas.

—¿Ese 4 %, es realmente un descenso significativo? 

LP. Es real y es bastante bueno, aunque no en la medida que quisiéramos, pero estos procesos son lentos y no se ven los resultados tan rápido. Es sumamente relevante porque es la primera vez que baja.

—¿Y qué significa?

AS. Estamos diciendo al país que es posible la reducción de embarazos de adolescentes con orientación, con educación sexual. Con todas estas campañas, datos, eventos, actividades, se ha colocado el tema en la agenda pública. Hace tres o cuatro años, cada cierto tiempo se hablaba del tema pero ahora la preocupación y la denuncia son  crecientes.  Y cada vez más, en medios de comunicación, en opiniones, sea a favor o en contra de la educación sexual, se está hablando de que hay un problema. Esa es la primera ganancia. Y  otra es con relación al mito de que a los niños en las escuelas les van a dar contenidos inadecuados, que era lo que frenaba mucho la parte de las Iglesias y de muchos líderes nacionales; ya están viendo que no. 

LP. Algo importante es que esta política -desde su diseño, a su planificación e implementación- puede ser tomada como modelo para otras políticas que fracasan pero que no se identifica el porqué. Este es un modelo de éxito en cuanto a implementación de políticas públicas y se debe a que las instituciones involucradas tienen su rol y hacen lo que tienen que hacer. Eso evita duplicidad de esfuerzos.

—¿Qué es lo que se ha hecho concretamente?

LP. Primero hay que decir que ha habido voluntad política en el gobierno, comenzando por la prohibición del matrimonio infantil a través de la ley 1-21, que era una medida demandada desde hace mucho tiempo como una forma de contener una situación: un adulto seducía a una menor y luego aplacaba el asunto casándose con la niña, muchas veces simplemente la mudaba.

—Pero prohibiendo el matrimonio infantil no necesariamente se reduce el número de  embarazos adolescentes…

AS. Puede que no incida en el embarazo de una adolescente, pero sí es un dique de contención. Porque muchos adultos, si la familia se ponía fuerte, se casaban con las niñas y daban por resuelto el asunto. Pero esa niña, mientras tanto, veía su proyecto de vida deshecho. También ha incidido en el éxito la creación de la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA, por sus siglas) que se comenzó a aplicar a principio del 2022. 

—¿Qué acciones concretas emprendieron? 

LP. Antes, otro paso previo importante: se conforma el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) al final del 2020, que preside de manera honorífica doña Raquel Arbaje. Articula todas todas las instituciones del gobierno que inciden en el bienestar de la niñez y la adolescencia. Son 18 instituciones, pero además se integran 7 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales. Y entonces se diseña esa Política de Atención y Prevención a Uniones Tempranas y Embarazos en la Adolescencia. Después, se priorizaron 20 territorios donde había una mayor incidencia de uniones tempranas.—¿Cuáles son esos 20 territorios? 

AS. Están en toda la geografía nacional: municipios de San Cristóbal, Azua, Los Alcarrizos, Santo Domingo Este, Higüey, Puerto Plata, Boca Chica, Dajabón… Este año lo hemos ampliado a 16 más.

—Para eso hará falta más presupuesto…

LP. Sí, hemos pasado de un presupuesto en el 2020 de 1.446 millones a un presupuesto en el 2024 de 2.233 millones de pesos. Además se le ha consignado un presupuesto adicional de 2.7 millones de dólares al año a esa política en concreto (PPA) en la que confluyen Conani, Supérate, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer. Es un presupuesto orientado a resultados.

—Más dinero… ¿mejor organización? 

LP. Digamos que ese nivel de articulación entre las instituciones ha sido clave. Definir por fin quién hace qué. Porque el interés por reducir la tasa de embarazo adolescente era preocupación de todas las instituciones, pero había duplicidades y contradicciones. Ahora hay colaboración y asignación de tareas concretas.  —Hace casi 30 años que la educación sexual salió del currículo…

AS. Así es. Hemos desarrollado programas de educación sexual integral en contextos comunitarios, pero también con el Ministerio de Educación. Aunque ha sido un tema controversial por mucho tiempo, eso ha cambiado mucho. Ya incluso el sector de las iglesias, que era el que más se oponía, ha ido cambiando. Están participando de estos programas y muchas de las capacitaciones.

—¿Se puede decir que están dando educación sexual en las escuelas?, ¿o que la van a dar? 

LP. Bueno, no podemos afirmar que están dando educación sexual, pero sí que en estos programas, en el marco de la PPA, hemos contado con ellos y con su colaboración en contextos comunitarios.

—¿Habrá educación sexual en la escuela pública el próximo curso?

LP. Se han diseñado unas guías. Hemos trabajado conjuntamente enfoques y contenidos. Eso ha sido uno de los logros, en el sector educativo le llaman Educación Sexual Integral en Valores. Ya han trabajado con capacitaciones de los maestros, han comenzado con el grado pre-primario y algunos grados de primaria. Pero van en un proceso de diseño y de capacitación de los orientadores y maestros. 

AS. Ha sido un trabajo que ha costado cuatro años. Muchas reuniones, mucho diseño, muchas discusiones de abordar el enfoque, para  desmitificar y disminuir resistencias. Hemos contado con apoyo internacional, asistencia técnica, hemos definido guías de trabajo que se han piloteado

—¿Y qué se ha trabajado a nivel comunitario?

AS. El diseño de programas de educación sexual en contexto comunitario sí nos corresponde a nosotros. Hay unas tres guías de trabajo diseñadas que se pilotearon con apoyo de UNFPA y Flacso Argentina en cuatro territorios. Se ajustaron de acuerdo a lo que se validó: términos, contextos, contenidos. En la actualidad se está midiendo en cuatro territorios más para trabajar con unos dos mil adolescentes, familias y comunitarios.