Los especialistas coincidieron en que proyecto no constituye una «ley mordaza», sino un instrumento que busca equilibrar derechos y responsabilidades

Harolyn Gavilán

El auge de las plataformas digitales ha transformado la manera en que se produce y consume la información, y con ello se reaviva el debate sobre si debe regularse la libertad de expresión en este nuevo ecosistema comunicacional. 

Este fue el eje central del conversatorio proyecto de Ley de Libertad de Expresión, realizado este miércoles en el campus Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

El encuentro reunió a los periodistas Aníbal de Castro, presidente del Grupo Diario Libre y Fausto Rosario, director del periódico Acento, y a los abogados Eric Raful y Jimena Conde, con la moderación de la periodista Edith Febles.

Los especialistas coincidieron en que el proyecto sometido al Congreso Nacional no constituye una «ley mordaza«, sino un instrumento que busca equilibrar derechos y responsabilidades en un ámbito mediático cada vez más complejo.

Durante su exposición, de Castro dijo que las razones que están detrás de la oposición del proyecto surgen por el crecimiento de los medios electrónicos y la necesidad de distinguir entre el periodismo profesional y el uso general de plataformas digitales por parte de usuarios.

«Yo creo que la oposición al proyecto es una consecuencia del desarrollo que han tenido los medios de comunicación, sobre todo los medios electrónicos. Pero también porque marca una diferencia entre lo que es el periodismo profesional y lo que es el uso de los medios de comunicación, de los medios electrónicos, de las distintas plataformas para cualquier tipo de comunicación. Y por eso deberíamos establecer una diferencia entre los que somos periodistas y los que son usuarios de las redes o de las plataformas digitales«, expuso.

Hizo énfasis en que no todos deben ser llamados comunicadores y refirió que «la comunicación requiere una responsabilidad, profesionalidad, y eso no es necesariamente lo que nosotros vemos en la utilización de las plataformas digitales en el ecosistema digital».

Dijo que hay una especie de contradicción en el mundo de la comunicación entre el ejercicio de un derecho que es, al mismo tiempo, una práctica profesional y el ejercicio de ese mismo derecho que abre las compuertas al «desborde de pasiones, a discursos de odio… a una especie de subversión de lo que son las normas en una sociedad civilizada».

También se refirió a la etiqueta que muchos le han dado al proyecto: «ley mordaza«, al decir que ha ocurrido porque la propuesta está cónsona con lo que ocurre en el mundo, en el ecosistema digital.

Prosiguió: «Y es que, mediante la mentira y la creación de una realidad o verdad paralela, —lo que se ha dado por llamar posverdad o fake news— se pretende debilitar lo que es la verdadera realidad».

Asumir responsabilidades

Sostuvo que quien utiliza los medios de comunicación de manera masiva puede convertirlos en un arma efectiva de manera positiva, pero también negativa, y en ese punto enfatizó que no se puede pretender que sus mensajes no conlleven responsabilidades. «Tiene que conllevarlas», agregó.

No obstante, dejó claro que esa responsabilidad no supone una mordaza ni una censura, porque la censura en la República Dominicana está condenada, y la censura previa está condenada en la misma Constitución.

«Debe haber restricciones porque el derecho propio termina donde comienza el del otro. Entonces, tiene que haber restricciones. Uno puede decir lo que uno quiera, pero tiene que asumir la responsabilidad«, sentenció de Castro.

Atraso legislativo

De Castro dijo que la Ley 61-32, que regula la libre expresión del pensamiento, fue aprobada en el 1962, y «es en realidad una copia de una vieja ley de prensa en Francia».

Por lo que entiende que en «la República Dominicana hemos tenido un gran atraso en no adaptar nuestra legislación a los cambios que ha habido en el mundo en materia de la comunicación«.

Insistió que este nuevo proyecto de libertad de expresión, que espera se convierta en ley, sería una forma de actualización de la legislación dominicana en lo referente a los medios de comunicación.