Aumenta significativamente los impuestos para las bancas de lotería y deportivas
También fiscalizará las apuestas electrónicas
El proyecto de ley que regula las bancas de apuestas, casinos y juegos de azar, sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, establece un esquema normativo robusto y de amplio alcance.
Sin embargo, más allá de su discurso organizador, la pieza revela una prioridad clara: recaudar ingresos para el Estado por encima de limitar el acceso de la población al juego o mitigar los riesgos sociales asociados.
Con la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), adscrita al Ministerio de Hacienda, el Gobierno busca formalizar un sector históricamente disperso y permeado por la informalidad, pero sin articular una política pública de prevención de la ludopatía, ni medidas dirigidas a proteger a los jugadores más vulnerables.
Un marco fiscal, no sanitario
El proyecto impone cargas significativas a los operadores:
794,414 pesos por banca deportiva, más un impuesto anual de 386,673 pesos (en zonas urbanas) y 1 % sobre ventas brutas.
Juegos de azar por internet tributarán 10 % sobre ingresos o pagarán 5 millones de pesos mensuales durante el periodo transitorio.
Los casinos deberán abonar hasta 85,927 pesos por mesa, y las tragamonedas 14,000 pesos mensuales de manera provisional.
Las loterías electrónicas enfrentarán tasas progresivas de hasta 24 % de sus ventas.
Estas tarifas, estandarizadas y sin escalas según capacidad operativa, han sido interpretadas por expertos como una estrategia de fiscalización dura que pone en segundo plano la salud pública y arriesga expulsar a operadores pequeños, incentivando un nuevo ciclo.
Mientras el proyecto dominicano se estructura casi exclusivamente desde la óptica tributaria, otras jurisdicciones han adoptado modelos que combinan regulación económica y protección social:
opiniondelpueblo.com 