Los representantes del Ministerio Público manejan entre 25 y 150 expedientes al mes, reciben poca paga y enfrentan precariedad
En un sistema judicial como el dominicano, los fiscales son pieza clave para la investigación y persecución del delito. Sin embargo, su realidad laboral evidencia retos importantes: altas cargas de trabajo, salarios desiguales y condiciones que muchas veces no reflejan la magnitud de sus responsabilidades.
El Ministerio Público cuenta con 1,100 fiscales, según los últimos datos oficiales ofrecidos por la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom). Su coordinador ejecutivo, Francisco Rodríguez, advierte que la cantidad es insuficiente para atender las demandas de la sociedad.
«Está faltando realmente una cantidad aproximada de más de un 50 por ciento de lo que tenemos», expresa el magistrado. De acuerdo con Rodríguez, una de las causas de este déficit son las renuncias, sobre todo de aquellos con menos tiempo de ejercicio.
Dice que los fiscales más jóvenes renuncian porque el sistema no les satisface, pues observan que no hay perspectiva a futuro para ellos al final de su vida laboral, y que la institución no les da una respuesta a sus situaciones personales.
La carga de trabajo
Aunque no existen estadísticas claras sobre la cantidad de casos que maneja un fiscal de forma simultánea, diversas fuentes dentro del sistema reconocen que el volumen de expedientes es alto y creciente, en especial en unidades especializadas como la de persecución de la corrupción.
Esto ha generado preocupación en cuanto a la sostenibilidad del ritmo de trabajo, el desgaste emocional de los fiscales y el impacto de estos factores en la eficiencia del proceso judicial.
Rodríguez estima que los fiscales litigantes suelen manejar entre 20 y 25 expedientes distintos o casos judiciales de envergadura.
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