Haití, con 95 %, es el país con el mayor porcentaje y Argentina tiene el menor (0.7 %)
En América Latina y el Caribe habitan 153.3 millones de personas afrodescendientes, de las cuales aproximadamente 26 millones viven en la ruralidad, lo que significa que el 22.5 % de la población rural de la región es afrodescendiente.
Haití y Brasil son los países que cuentan con los mayores porcentajes de personas afrodescendientes, de un 95.5 % y un 55.5 % de su población, respectivamente. Siguen en importancia relativa las poblaciones afrodescendientes de Cuba (35.9 %), República Dominicana (34.0 %) y Panamá (31.7 %).
Las poblaciones afrodescendientes de Colombia y Costa Rica estarían cercanas a un 10 % y, en el resto de los países, dicha población representa menos del 5 % del total nacional respectivo.
Entre estos últimos, cabe señalar el caso de Argentina, donde la población que se reconoce como afrodescendiente duplicó su tamaño entre el censo de 2010 y el de 2022, con lo cual su peso relativo sobre el total nacional pasó de 0.4 % a 0.7 %.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se unieron para presentar el estudio «Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: Un acercamiento a las realidades sociales y territoriales en el mundo rural», en el cual analizan los desafíos que las comunidades afrodescendientes han enfrentado históricamente.
Las instituciones resaltan que los principales retos han sido la tenencia de tierras y la preservación de sus derechos territoriales, impactando directamente en su desarrollo económico, social y cultural.
«De manera general, los afrodescendientes en las Américas atraviesan problemas de racismo estructural persistente, procesos políticos débiles, representación escasa en los estamentos políticos y baja incidencia institucional, lo que genera limitación en la administración de sus territorios, la fragmentación de las tierras, la escasez de recursos, y una gestión limitada de sus territorios, profundizando la vulnerabilidad a presiones externas», señala el informe.
Según el documento, otras amenazas para sus derechos territoriales tienen que ver con la inestabilidad socioeconómica de las familias y las comunidades, la falta de políticas inclusivas y la ausencia de una gobernanza efectiva en sus territorios.
De forma muy particular, los procesos de tenencia de tierras están siendo débiles y en algunos lugares prácticamente inexistentes.
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