Valentín Santos afirma que el informe de las condiciones de las prisiones del país, mostró la realidad de las cárceles
Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), organismo que recientemente dio a conocer el informe del 2023 sobre el estados de las cárceles del país, no aprueba que estos recintos estén bajo la administración de la Procuraduría General de la República (PGR).
Según Valentín, la PGR tiene una dirección que trata de hacer el esfuerzo para mejorar las condiciones de estos centros penitenciarios, pero que no cuenta con los recursos necesarios para cambiar su realidad.Cree que no es adecuado que el control sea del Ministerio Público y de los policías ya que solo se cumple el objetivo inicial de encarcelar personas, más no se presta atención a la gestión y la rehabilitación de los reos.
Sobre los policías destacó que estos no están formados para esa tarea, que, en su lugar, debe haber agentes especiales para poder tratar a los privados de libertad.
«Tú puedes imaginarte, el Ministerio Público, la fiscalía, persigue, acusa, encarcela y pide un montón de prisión preventiva como medida de coerción y luego es el ente que administra a la gente que ellos persiguen», dijo.
Atribuyó el exceso de prisión preventiva, como medida de coerción, a que para las autoridades «basta con poner en prisión» a las personas porque ya con esto su trabajo está cumplido, pero que no existe apuro en que estos reos salgan, sean procesados y que se les conozca un juicio.
Dijo que la inseguridad ciudadana y el descontrol social respecto a los delitos se deben a la falta de un proyecto de prevención o un plan operativo de responsabilidad con el cual se pueda disminuir la criminalidad.
Planteó que el país tiene cerca de 26,000 privados de libertad, pero se sigue atracando, violando, cometiendo homicidios y asesinatos en las calles. «Los culpables no son los que están presos. La prevención del crimen, del delito y de la inseguridad ciudadana, debemos aplicarlo fuera, no dentro de las cárceles«, dijo.
Casi 5,000 casos en 2023
El director de Defensa Pública informó que en el 2023 lograron concluir unos 5,000 casos entre descargos, absoluciones y autos de no ha lugar.»Esto quiere decir que estas personas no cometieron los hechos o que eran insuficientes las pruebas que había en contra de ellas. Eso tiene un mensaje y es que no todos los casos que procesa el Ministerio Público tienen peso para ser procesados o condenados».
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