34 fueron destituidos por escándalos administrativos o conflictos judiciales
Ya sea por presión social o simples decisiones administrativas, en los últimos cuatro años se han realizado decenas de cancelaciones en algunas de las más importantes instituciones del Estado.
Cerca de concluir el primer mandato constitucional del presidente Luis Abinader (2020-2024), el mandatario ha tenido que destituir a al menos 34 funcionarios de su gestión por conflictos que van desde problemas con la justicia hasta vicios gerenciales. En este mismo período cuatro servidores públicos renunciaron.Diario Libre ha realizado un levantamiento sobre los principales cambios que ha realizado la actual administración en direcciones, institutos, consejos u otras entidades gubernamentales.
A continuación el relato expuesto de manera cronológica:
2021
En abril, con el develamiento de la operación Coral 5G, el general Juan Carlos Torres Robiu tuvo que poner a disposición de Abinader su título como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) tras ser imputado en una presunta estructura criminal que sustrajo del erario alrededor de 4,500 millones de pesos. El 11 de mayo de ese mismo año, fue designado en esa posición el general Minoru Matsunaga, quien actualmente ocupa el cargo.
El jefe de Estado destituyó a Luis Maisichell Dicent como administrador de la Lotería Nacional el 15 de junio, luego de ser acusado de estafar a bancas de lotería por un valor de 500 millones de pesos. En marzo de 2023 el exfuncionario fue descargado del caso por la justicia.
El 19 de agosto Julio Antonio de la Cruz Nolasco fue destituido como titular de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas (Dgecac), luego de denuncias sobre presuntas irregularidades en dicha entidad.
Al día siguiente, Leonardo Faña fue despedido como director del Instituto Agrario Dominicano (IAD) por un supuesta denuncia de agresión sexual contra una exfuncionaria de ese organismo, en un caso del que posteriormente fue absuelto.
Juan Maldonado Castro, exdirector General de Comunidad Digna fue suspendido de esas funciones el 8 de septiembre tras ser apresado por su presunta vinculación a una red de lavado de activos y narcotráfico, develada con la operación Falcón.
El 11 de octubre el Poder Ejecutivo destituyó a Paula Disla Acosta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), siendo designada como viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), mediante el decreto 634-21.
Seis días después, el presidente Abinader desvinculó a Edward Sánchez como jefe de la Policía Nacional y lo convirtió en posteriormente como asesor policial honorífico del Poder Ejecutivo, con asiento en el Palacio Nacional.
El 28 de octubre Serafín Canario de la Rosa fue reemplazado en sus funciones de administrador de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina (CTPC). La medida está contenida en el decreto 679-21.La exgobernadora de Samaná, Elsa de León, fue destituida de ese cargo el 1 de noviembre de ese año, luego de haber realizado declaraciones públicas en las cuales alegaba que iba a festejar cada persona que muriera por no haberse vacunado contra la enfermedad del Covid-19.Siete días posterior a esta decisión, el mandatario suspendió al en ese momento director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, por presuntas irregularidades al otorgar contratos a la empresa de envíos Mia Cargo.El 17 de noviembre Cecilio Rodríguez Montás fue cancelado del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) por denuncias sobre licitaciones irregulares. Para concluir el año, el 6 de diciembre Abinader destituyó a José Altagracia Valenzuela Arias como cónsul de la República Dominicana en Juana Méndez, Haití, mediante el decreto número 784-21.
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