En las últimas tres décadas se aplicaron tres grandes reformas tributarias, con modificaciones parciales en el ínterin, que buscaban subsanar las crisis económicas que afectaron el país
En los últimos tres decenios, el Estado dominicano ha vivido apuros financieros que amenazan la estabilidad de la economía y su ritmo de crecimiento, obligando a los gobiernos de turno a reestructurar el sistema de captación de recursos.
Déficit de recaudación, quiebra de entidades financieras, inflación y escasez de alimentos que en más de una ocasión han lanzado a la población a las calles, conforman el panorama social del país previo a las reformas.
En la historia reciente, se cuentan al menos tres grandes reformas fiscales, aunque con modificaciones parciales en el ínterin. El actual presidente Luis Abinader busca sacar adelante otra con una propuesta que –dice– será para beneficiar a los sectores más pobres y deberá salir de un pacto de nación, a pesar de la gran mayoría mecánica alcanzada en el Congreso Nacional por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones pasadas.
Los aprestos gubernamentales para una reforma fiscal se discuten desde hace tiempo, atendiendo a los aprietos que dejaron la contracción económica asociada a la pandemia del COVID-19, la guerra entre Ucrania y Rusia, y a las recomendaciones de organismos internacionales.
El año pasado, una comisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al país ampliar su base impositiva y reducir las exenciones.
Las reformas
El régimen tributario vigente de la República Dominicana data del 1992, cuando se aprobó la Ley 11-92 que crea el Código Tributario Dominicano. La legislación surgió en un momento de grave crisis económica y social que se manifestaba, sobre todo, en la escasez de combustible, el alza del precio de los alimentos y constantes y largos apagones.
Datos oficiales indican que, para el 1990, la contracción del producto interno bruto (PIB) fue de un 7.85 %. La situación desencadenó violentas huelgas contra el gobierno encabezado entonces por el líder reformista Joaquín Balaguer.
El régimen fiscal mantuvo cierta invariabilidad durante los siguientes ocho años, pero, ya en el 2000, recibe una primera modificación que llevó a las personas físicas y jurídicas a más impuestos sobre las rentas obtenidas.
La justificación del gobierno para aquella reforma se extrae de la propia ley que, en sus Considerando, plantea que la economía dominicana estaba sufriendo los efectos de «choques externos negativos». Y cita, el alza de más del 100 % en los precios del petróleo y la devaluación de la moneda única europea frente al dólar.
Del PIB fue el costo estimado del rescate financiero tras la crisis bancaria del año 2003, según la Cepal.
«Estos choques externos negativos están afectando seriamente las finanzas públicas y el sector externo de la economía dominicana, lo que pondría en peligro la estabilidad macroeconómica del país», dice el texto de la ley aprobada a final de diciembre de 2000, apenas cuatro meses después de ser instaurado el gobierno de Hipólito Mejía, entonces del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
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