Sugieren que el Estado asuma gasto para que se pueda masificar el uso del dispositivo en arrestos domiciliarios
Si el Estado dominicano sufragara el alto costo de los localizadores electrónicos disminuiría su precio y aumentaría su uso por parte de los procesados, cuyo número, desde que la empresa suplidora empezó a instalarlos en el 2017, no supera los 122 beneficiarios.
El Ministerio Público (MP) no corre con ningún gasto, todo es cubierto por el imputado, pero tampoco «recibe contribuciones o aportaciones económicas».
«La prestadora del servicio, privada, es la que recibe de manera directa la remuneración económica», afirma la Procuraduría General de la República (PGR), en un documento enviado a Diario Libre.
Según el exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, en cuya gestión se firmó el contrato con la empresa que los vende a los procesados, y el excomisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, lo «ideal» es que el Estado asuma el costo de los dispositivos.
Entienden que, de ser asumido por las autoridades, el número de beneficiarios aumentarían y por ende su precio descendería.
Chey Rodríguez, fundador de Fennix Global Technologies, empresa a la que pertenece MonitoReos Dominicana, que suple los dispositivos electrónicos, corrobora lo declarado por Domínguez Brito y Moscoso Segarra.
Rodríguez dice que existen modelos de negocios donde si el Estado paga el gasto mensual por las tobilleras, su precio disminuye a la mitad. «Obviamente con un volumen significativo como otros de nuestros clientes», explica.
Presos preventivos
Uno de los beneficios que se atribuyó en un principio a los grilletes era que descendería el número de preventivos en las cárceles, el cual el pasado mes de diciembre, según la Dirección General de Servicios Penitenciarios, ascendía al 58.2 por ciento del total de reclusos, es decir 14,811, del total de 25,436 internos. Los sentenciados son 10,625.
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