Aún se ignora cuánto invirtieron y se ganaron los accionistas de Aerodom

Los bemoles del contrato (Tercera parte) Concesionar los aeropuertos públicos a Aerodom ha sido uno de los peores negocios hechos por el Estado, pero el mejor para quienes se han servido con la cuchara grande en detrimento de toda la sociedad

Otra de las justificaciones de la elección de Aerodom como concesionaria de los aeropuertos fue que proponía «la mayor inversión», US$417 millones en 20 años, más otros US$85 millones en un Fondo de Promoción Turística. La coordinación estaría cargo del Ministerio de Turismo, la concesionaria y Asonahores, cuyo director ejecutivo de entonces, Arturo Villanueva, fue miembro de la Comisión Técnica de Apoyo a la Licitación, y votó a Aerodom como ganadora.

A la vista del estado de las instalaciones transcurrido el tiempo, siempre hubo dudas sobre cuánto se invirtió realmente. Había contemplada una primera fase, en la que Aerodom debía invertir US$203 millones en los tres primeros años. Incumplió flagrantemente y lo reconoció. Lejos de ser sancionada, volvió a ser premiada por el Estado. 

En 2004, cuando el Gobierno apremiaba a Aerodom por el poco avance de las obras del Aeropuerto de El Catey, se supo que la compañía no había logrado el financiamiento al que se comprometió por contrato. Sin embargo, adujo que era por causas no imputables a ella, sino al Estado dominicano, por «la reducción de la categoría soberana de la República Dominicana». En marzo de 2005, cuando la categoría soberana del país era aún peor que la de 2004, Vitelio Mejía Ortiz, anunció públicamente, «como asesor legal» de Aerodom, que esta había cerrado un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Export Development Canada (EDC) por US$125 millones. Lo que había cambiado es que su valedor fue la agencia canadiense de fomento de las exportaciones, por la presencia de Vancouver Services en el accionariado de Aerodom, y que se había demostrado que era una empresa con un gran flujo de caja.

El Estado aceptó las explicaciones de Aerodom: la compensó por ese motivo y por un supuesto descenso de pasajeros, ampliando la concesión otros cinco años (con lo que se colocaba en 30 años), y cediéndole una tasa de US$1.30 del Departamento Aeroportuario por cada pasajero que entraba y salía del país para destinarla a la construcción del Aeropuerto de El Catey «hasta tanto esté disponible el financiamiento a largo plazo» al que se refería el Contrato. Aparece documentado en el adendo del 23 de marzo de 2004, poco antes de las elecciones generales que retornaron al PLD al poder.

Aerodom alegaba que la falta de financiamiento «no ha permitido a la Concesionaria cumplir su programa de inversión en las obras e infraestructuras aeroportuarias». Pese a todo, declaraba «haber invertido alrededor de US$118,811,762.60 y haber incurrido a la fecha en gastos significativos para procurar la obtención del referido financiamiento internacional». La cifra no estaba auditada. Se admitía el incumplimiento, pues US$118 millones en cuatro años distan mucho de los US$203 millones que deberían haberse invertido en los tres primeros años.

Inversiones, corrupción, más cuentos 

Un par de años más tarde, Diario Libre titulaba una información «RD ha perdido con privatización», y destacaba que «el sector privado sólo ha invertido en los aeropuertos una cuarta parte». Se añadía: «Hasta el momento, ha invertido unos US$120 millones». Solo faltaban dos años para que los principales accionistas de Aerodom vendieran sus participaciones en la empresa, y con ellas la concesión, a la norteamericana Advent Aviation, por un monto que distintas fuentes sitúan entre US$700 millones y US$1,000 millones.

La empresa de la familia Hazoury encargada de las remodelaciones en los aeropuertos, Sinercon (antes llamada Civilcad Constructora) señala en su página web que hizo obras por US$258 millones. Son cifras muy similares a las que aportó el grupo Hazoury a la agencia de fomento de las exportaciones de Estados Unidos, el Export-Import Bank (Eximbank), a la hora de pedir un préstamo. 

Para acreditar solvencia, se refiere al contrato de Civilcad-Sinercon con la concesionaria de los aeropuertos, según un reporte interno al que tuvo acceso Diario Libre, fechado el 12 de enero de 2006: «El costo total del proyecto Aerodom es de US$265 millones y el proyecto es ayudar a Aerodom a completar las inversiones de infraestructura y nueva construcción requeridas en virtud de su contrato de concesión. Estas inversiones en infraestructura incluyen la renovación y expansión de edificios de terminales existentes, carreteras, áreas de parqueo de aeronaves, la construcción de nuevas terminales y la instalación de nueva seguridad, manejo de equipaje y otro equipamiento, y la terminación de la construcción de un nuevo aeropuerto en Samaná».

Finalmente, Eximbank le concedió el financiamiento de equipos de construcción, que junto a otros sumarían US$30 millones. Por cierto, la relación se vio salpicada por la detención y condena de un funcionario corrupto de la agencia norteamericana, el oficial de crédito Johnny Gutiérrez, quien confesó que el representante de los Hazoury ante la agencia le había sobornado para obtener una serie de préstamos.

Precisamente, el aparente calamitoso estado de las finanzas de Cap Cana, en 2008, junto a muy ambiciosos proyectos en Panamá de Abraham Hazoury y su socio Jesús Barderas, coinciden con la venta de Aerodom a Advent Aviation. Por aquel entonces eran generalizadas las informaciones que criticaban el escaso cumplimiento de las inversiones comprometidas, que suponían un total de US$477 millones más los US$85 millones de un Fondo de Promoción Turística. «Aerodom se gana todo y más en los aeropuertos», titulaba Diario Libre, el 12 de julio de 2004, cuando se mencionaban los US$118 millones invertidos.

Por el mismo tiempo, la Comisión Aeroportuaria y el Departamento Aeroportuario decían desconocer cualquier dato sobre las inversiones y revelaban una opacidad absoluta de la concesionaria: «El Gobierno no sabe nada de Aerodom» (Diario Libre, el 9 de febrero de 2006. 

Según la información, aunque se establecía que «las inversiones contractuales deben ser auditadas por el Gobierno, hasta la fecha no se conoce la primera auditoría, después de siete años de operación». El entonces responsable del Departamento Aeroportuario, Andrés Vanderhorst, declaraba desconocer si Aerodom realizaba las inversiones comprometidas, pese a tener constancia de que «recibe pingües beneficios». La Comisión Aeroportuaria, presidida por el ministro de Obras Públicas, había decidido auditar Aerodom en septiembre de 2004, pero «todavía a un año y cuatro meses se desconocen los detalles del experticio contable o si finalmente se realizó. La auditoría no sólo estaba dirigida a investigar las transacciones de Aerodom, sino también las de sus empresas vinculadas como son: Civilcad/Sinercon, Impregilo e INITEC. Sin embargo, a la fecha ha sido imposible obtener detalles de la investigación».

Inversiones en el aire

No hubo ni un solo desmentido o declaración de Aerodom al respecto. Habría que esperar a 2015 a que se anunciara el resultado de una auditoría. Esto es, un año antes de que Advent Aviation vendiera, de nuevo, Aerodom, a otro inversionista extranjero: Vinci Airports, que tendría por delante todavía catorce años para explotarla. Vinci se mantiene como propietario en la actualidad y a la que el Gobierno planea otorgarle la concesión por otros 30 años, hasta 2060. Al igual que con la primera venta, nunca se reveló el monto de la operación. La primera se situó, según diversas fuentes, entre US$700 millones y US$1,000 millones. De ser similar la cifra, podríamos concluir que el dinero que ahora espera recibir el Estado como contraprestación no es nada elevado, teniendo en cuenta que se refiere a un periodo de 30 años.

El Ministerio de Obras Públicas auditó las inversiones realizadas por Aerodom entre 2000 y 2015. El informe concluye que, el 28 de febrero de 2015, la concesionaria sí había cumplido con sus inversiones obligatorias. Sorprendentemente, da la primera información de que «La Comisión Aeroportuaria ha mantenido de forma permanente las inspecciones y auditorías periódicas al cumplimiento de las obligaciones a cargo de La Concesionaria, comprobando el nivel de ejecución e inversión de los proyectos de desarrollo aprobados y actualizados por resoluciones, mediante el órgano supervisor de este Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la interacción con las demás entidades que conforman la Comisión Aeroportuaria y con el apoyo de la supervisión independiente para los fines de obras, INITEC». ¡INITEC, la consultora española que los primeros propietarios de Aerodom aseguraban que habían contratado como asesora técnica, como aval de su candidatura en la licitación!

Esta «Auditoría de desempeño técnico-económico» revela que se habían solicitado auditorías desde 2013, sin llegar a ejecutarse hasta ese momento, 2015. Anteriormente, cita una resolución de 10 de julio del 2008, número 6536, de la Comisión Aeroportuaria, por la que «se reconocieron y certificaron inversiones realizadas por Aerodom por un total de US$377,164,226, quedando pendientes de invertir al 31 de marzo del 2008 la suma de US$14,835,774, según consta en dicha resolución». Sería una «certificación de obras».