El presidente Luis Abinader convocó un diálogo nacional para conocer 12 reformas que luego se ampliaron a 16, el 18 de agosto del pasado año. El primer encuentro arrancó el 30 de ese mismo mes y desde esa fecha hasta ahora han transcurrido casi siete meses. El balance es que no hay resultado concreto, han instalado 11 mesas de trabajo y queda pendiente la que debatirá el tema de los hidrocarburos.

Concomitantemente, algunos participantes se quejan de que hay una contradicción entre las acciones del gobierno y el objeto del diálogo.

Por ejemplo, hay una mesa temática para la discusión sobre hidrocarburos, pero el gobierno depositó un proyecto de ley en el Congreso para modificar la legislación vigente sin consultar en el Consejo Económico y Social (CES).

Igualmente, depositó un proyecto de reforma a la ley de Compras y Contrataciones Públicas sin previo consenso en el diálogo nacional y lo propio ocurrió con el proyecto de fideicomiso público.

El Poder Ejecutivo depositó un proyecto de ley sin discusión con los partidos, a pesar de que el presidente Abinader mandó a debate en el CES el controversial contrato de fideicomiso de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina.

Igualmente, a pesar de que hay una mesa temática sobre seguridad ciudadana y reforma policial, recientemente el presidente Abinader integró un gabinete para los cambios que necesita la Policía y designó a Servio Tulio Castaños Guzmán, como miembro de la dirección ejecutiva.

Hasta ahora, la mesa para la reforma a las leyes electorales es la que ha avanzado más. Pero el documento base de propuesta lo aportó la Junta Central Electoral (JCE), tanto para modificar la ley 33/18 sobre Partidos Políticos como la 15/19 del Régimen Electoral. Recientemente, se dio un plazo adicional a las organizaciones partidistas para que presenten sus observaciones y propuestas a las sugerencias que hizo la JCE a solicitud del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM). Hasta el momento, el gobierno ha presentado propuestas concretas sobre la reforma constitucional en la mesa temática sobre transparencia e institucionalidad, pero con la retirada de los partidos de oposición, por estar en contra de la propuesta, el éxito de ese proyecto y la continuidad de las discusiones quedan inciertos.

De hecho, la razón por la que el gobierno propone reformar la Carta Magna es para que el Procurador General de la República no lo designe el presidente de turno, sin embargo, en la propuesta el gobierno no especifica quién y cómo elegiría ese funcionario, sino que lo que deja a una ley esa responsabilidad.

Varios representantes de partidos políticos, que participan en las distintas mesas temáticas del diálogo nacional, afirmaron que el gobierno no ha presentado propuestas concretas sobre los 16 temas que se discuten. Según esa versión, las reuniones hasta ahora han sido para discutir metodologías de trabajo, enunciados generales sobre los temas sin que se “aterrice en las propuestas”.

Una prueba de lo que plantean los partidos es, por ejemplo, el caso del tema medioambiente. Según lo colgado en la página oficial del CES, lo único que el gobierno ha presentado hasta ahora es un documento que contiene “el marco conceptual para un pacto verde por un desarrollo sostenible”.

En el caso de la mesa de seguridad ciudadana, el documento que sirve de base para los debates contiene propuestas, pero son las mismas que presentó el Grupo de Trabajo para la transformación de la Policía, sin que se presenten sugerencias adicionales para enfrentar el problema de la inseguridad.