Para que la Dirección General de Prisiones pueda funcionar separada de las labores de la Procuraduría General de la República (PGR), como lo propuso el pasado viernes el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, se hace necesaria una reforma a la Constitución de la República.

Así lo explicó a Diario Libre el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, quien aclaró que esta sugerencia no es nueva, y que ha sido debatida desde que existía el Comisionado para la Reforma de la Justicia, y dice que ha habido múltiples propuestas de transferir la Dirección de Prisiones a un “Ministerio de Justicia”.

“Es desde la Constitución que se le da al Ministerio Público la administración de los recintos penitenciarios y eso viene de la reforma constitucional del 2010. Habría que, cuando se dé el paso, ya finalmente, crear un Ministerio de Justicia que se encargue de todo eso, y a la Procuraduría General de la República (Ministerio Público), que se encargue de su función natural que es la de perseguir, instrumentar expedientes y presentar acusaciones”, enfatizó Castaños.