Chávez consideró que «se trata de una interferencia grosera de la CIDH en contra de la República Dominicana, que tiene todo el derecho de expatriar o deportar a cualquier nacional ilegal, aun las haitianas en estado de gestación.»

“¡El Estado dominicano no debe renunciar a ese derecho jamás! Por tanto, nos solidarizamos con la posición externada por el Gobierno a través de la Cancillería”, enfatizó.

Sostuvo que las declaraciones de la CIDH no son vinculantes, ni tampoco cualquier decisión a tomar “y que choque con la suprema jerarquía de nuestra Constitución, que establece los fundamentos de la República Dominicana como estado-nación independiente y soberana”.